Tatiana Rothschuh
Mayor transparencia en la administración de justicia y que la judicial se pronuncie conforme a derecho, es la expectativa que tiene el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en el caso del incidente de extinción de pena solicitado por la defensa de Eugenio Hernández, condenado a 25 años de prisión por el asesinato de la periodista María José Bravo.
El director del Cenidh en Chontales, Dennis Báez Orozco, dice haber recibido una denuncia de parte de Esperanza Sevilla, hermana de María José Bravo, expresando preocupación porque estaban haciendo audiencias y ni el poder judicial, ni el Ministerio Público les había puesto en conocimiento.
“En la medida que en los procesos se notifiquen a todas las partes afectadas, tanto al imputado, Ministerio Público como a los familiares, esto permite mayor transparencia en la administración de justicia. Siempre es sano que el Ministerio Público tenga buena comunicación con los familiares de la víctima para evitar especulaciones y que pueda ser lo más público posible”, consideró.
“Queremos confiar en que en este caso manejado con suma discreción, el poder judicial se va a pronunciar conforme a derecho”, externó Báez.
José Camilo Mercado, fiscal auxiliar experto en ejecución y vigilancia penitenciaria, lamentó no haber notificado a la familia de María José Bravo por desconocer entre miles de casos dónde y a quién notificar, dándose por enterado de que se trataba de una periodista asesinada hasta que la corresponsal de LA PRENSA lo entrevistó.
“Nosotros representamos y defendemos a la víctima, no vamos a estar a la par de un delincuente o de un privado de libertad, más bien nos sentimos respaldados cuando está la familia presente”, afirmó.
Confío en que la sentencia judicial esté apegada a derecho. “No vamos a permitir nada que esté debajo de la manga de la camisa”, sostuvo.
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