Elízabeth Romero
Toda una organización fraudulenta se entretejió en Nicaragua desde hace varios meses alrededor de la promoción de productos a base de hierbas, que promueve la Corporación estadounidense Zrii.
Sin embargo, Ricardo Sousa, vicepresidente de Latinoamérica de Zrii, basado en Utah, Estados Unidos, alegó que ellos desconocían, que el producto fue introducido por unas personas que tenían contactos en Guatemala, sin el conocimiento de la corporación, que fue registrada hace unos pocos días en el país, según Sousa.
Este grupo que supuestamente actuaba al margen de la corporación Zrii, llegó a captar a unas 800 personas que entregaron su cuota inicial de afiliación que va de 500 a mil dólares. Una mayoría reclama la devolución del dinero.
A la fecha ninguna autoridad reconoce haber investigado al grupo que entre otros requisitos exigía que para afiliarse la persona debía reclutar a cuatro más, con igual suma de dinero.
Sousa dijo que estas personas utilizaban un plan “demasiado agresivo”, lo que es incorrecto.
RECHAZA DELITO DE ESTAFA
El ejecutivo rechazó que se le atribuya a Zrii el delito de estafa piramidal, porque el producto existe y tienen un plan de compensación.
“Pienso que nos están etiquetando incorrectamente”, alegó Sousa, quien asumió el compromiso de corregir la situación con el reembolso del dinero o la entrega del producto, según decida el cliente.
Sousa estimó que “los líderes locales a lo mejor tratando de proteger su negocio no dieron toda la información de cómo contactarse con la corporación y lograr un reembolso”.
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El caso trascendió cuando los afiliados no recibian el producto después de un tiempo transcurrido. Los denunciantes afirman que este grupo contaba con una base de datos, a través de la cual aparentemente seleccionaba a los clientes con cierta capacidad financiera, y que contara con una tarjeta de crédito.
SELECCIONARON A LAS VÍCTIMAS
Entre los seleccionados destacan abogados, médicos, varios de ellos con algún cargo en hospitales privados del país, visitadores médicos o diputados y personal de instituciones bancarias.
Uno de los afectados que prefirió el anonimato, por temor dijo: “Este es un sistema Ponzi o piramidal, para haber ingresado a la compañía, usted hizo inversión de 500 o 1,000 dólares (…) una vez que usted entra al sistema Ponzi usted mismo tiene que reclutar gente, hablarle de las bellezas de la compañía, promocionar el producto, un producto que es para la salud y es demasiado caro”.
“Para recuperar ese dinero, ya se imagina cómo va la cadena, ejemplo, si esas cuatro personas que usted mete entran con 500 dólares cada una, la compañía tiene 2,000 dólares, si entran con 1000 ahí no más son 4000 dólares, solo de esa forma usted recupera el dinero y una vez que deja de meter gente o la gente que está debajo de usted no mete gente, pierde todo el dinero”.
El afectado aseguró que ingresó el 25 de noviembre y no había recibido ni un solo producto.
“El colmo es que mensualmente de esa tarjeta con que usted ingresó, le debitan 110.40 dólares”, expuso el perjudicado, quien aclaró que esto ocurre independiente de que haya o no recuperado el dinero y perdido el producto. La única opción que han encontrado, según dijo, es cancelar la tarjeta de crédito o reportarla como perdida para que el banco cancele la tarjeta.
REVERENDO ENTRE PERJUDICADOS
Otro de los que reconoció que fue afectado fue el reverendo Miguel Ángel Casco, pero evitó referirse al tema, pues aseguró que buscaba que los representantes de la compañía en Estados Unidos le reembolsaran el dinero.
LA PRENSA contactó a otras personas reconocidas en el ámbito local que evitaron referirse al tema.
Pese a que a inicios de 2014 se conoció de una supuesta investigación de parte de la Policía, ante el temor de una posible estafa, el vocero policial, comisionado mayor Fernando Borge, dijo desconocer alguna información referente a este tema.
Igual respuesta ofrecieron las autoridades de la Fiscalía.
No obstante, LA PRENSA conoció de reuniones apresuradas entre los representantes de esta compañía y autoridades de varias instituciones del gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
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