Managua/ACAN-EFE
La Superintendencia de Bancos de Nicaragua pidió este sábado a las personas naturales o jurídicas que hayan invertido en sociedades que ofrecen negocios bajo el esquema «Ponzi» denunciarlos ante el Ministerio Público.
El esquema Ponzi, popularmente conocido como pirámide, consiste en prometer a los inversores grandes ganancias con poca inversión.
«Las personas naturales o jurídicas que hayan participado en el esquema Ponzi pueden comparecer ante la Fiscalía General de la República a interponer las quejas o denuncias que tengan a bien formular», instó esa institución en un comunicado.
La Superintendencia hizo el exhorto un día después de que El fiscal general de Nicaragua, Julio Centeno, expresara ayer su preocupación ante la denuncia de la banca, esta semana, de que las estafas con el sistema piramidal están proliferando en el país centroamericano.
El organismo supervisor advirtió sobre la existencia de supuestas empresas o sociedades que bajo la figura de venta de productos medicinales a distintos precios, prometen al comprador-inversor alto rendimiento económico en un corto plazo, siempre y cuando recluten o incorporen a nuevos compradores-inversores.
La Superintendencia instó a los nicaragüenses a no invertir en ese tipo de «empresas», por cuanto «corre un alto riesgo de ser perjudicado en sus intereses».
Explicó que la Ley de Mercado de Capitales obliga a las empresas a proporcionar la información necesaria para que los potenciales inversores decidan juiciosamente invertir o no en una operación.
La primera estafa tipo «Ponzi» que acaparó la atención pública en Nicaragua ocurrió a fines de 2005, cuando la empresa Agave Azul, dirigida por el mexicano Oscar Arturo del Valle y el nicaragüense Félix Alejandro Bolaños, pedía dinero para supuestamente exportar tequila a Asia.
Ofrecían 25 % de interés mensual por cada 100 dólares que invirtieran y hasta un 50 % por cada nuevo socio, y estafó a 2.444 personas por un monto de 2.74 millones de dólares, según la Fiscalía.
El socio mexicano huyó a su país, mientras que el nicarag ense recuperó su libertad en 2009.
El caso más reciente fue el de la empresa Marca Móvil S.A., dirigida por el mexicano Jorge Tirado Chávez, actualmente prófugo, quien habría estafado a 1,800 personas por un total de 1.36 millones de dólares, ofreciendo inversiones en automóviles, motocicletas y publicidad.
