Debo reconocer y lo manifiesto con total sinceridad, que a mi juicio y lamentablemente la buena intención y la definida entrega de reconocidos servidores de nuestro Poder Judicial en la elaboración previa a las discusiones de rigor para culminar un instrumento legal de mucha categoría, como es en el presente caso, este comentario acerca del Código de Ética de los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la República de Nicaragua.
Se precisa recordar que la filosofía en su contenido general le brinda sus aportes necesarios y bien soportados por lo que acumula como ciencia de profundos estudios a las siguientes disciplinas:
a) la ética; b) la lógica; c) la moral social y d) la metafísica que son parte esencial de nuestra vida social, profesional, y lo que auxilia con inteligencia tales materias, el ejercicio de todos los funcionarios en el ser y los quehaceres de un estado organizado. Resulta muy justo y oportuno determinar el campo propio de lo que alcanza, desarrolla y finaliza la ética.
Dentro de los órdenes de la Constitución Política de Nicaragua por lo que corresponde al Poder Judicial, vale la pena en este momento tener en cuenta y eso no debe olvidarse que “la justicia emana del pueblo y que los tribunales de la misma forman un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia”.
Siempre que me ocupo de este tema de la vida judicial de Nicaragua, leo en la misma Constitución con mucho sentimiento de patria, que la fortaleza del Poder Judicial es la legalidad que le da respaldo amplio a los derechos humanos sin ningún obstáculo. Y, como requisito indispensable la citada Constitución prescribe bien claramente, en los requisitos para ocupar cargo en la Administración de Justicia, un requisito que pasa por intereses políticos muy desapercibido como lo es que el candidato o candidatos sean “de moralidad notoria” y esto lleva como enfoque primordial y vital la conducta muy privada de los aspirantes a los susodichos cargos y aquí cobra remembranza lo conocido como “psicología de las multitudes” que presenta al desnudo a personas que ejercen funciones estatales en centros de diversión en total tributo a Baco o Dionisio y en el peor de los casos, desafiando por llamado de atención a las autoridades celosas del ejercicio y cuido del orden público que me permito transcribir en este comentario “se entiende por orden público, el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias donde no cabe transigencia, ni tolerancia por afectar a los principios fundamentales de las garantías precisas de la sociedad o a los elementos propios de su existencia”.
Queda como un compromiso de garantía de servidores públicos el esfuerzo debidamente soportado en reconocer que como humanos cometemos errores que tras una honesta reflexión nos facilite erradicarlos y usar los caminos de la honestidad, la dignidad y la responsabilidad.
El Código de Ética que tengo en mi poder lo he analizado y estudiado, debe ser considerado de obligatorio estudio por cada uno y todos los administradores de justicia, dejando de lado sus intereses partidarios de compromisos que algunos anteponen a la legalidad y a la valiosa vida de una justicia de suprema credibilidad entre los usuarios del derecho.
Recomiendo que el judicial que tiene en mira alcanzar cargos de mucho nivel en el Poder Judicial, tener como meta el total dominio de la Constitución Política, que como carta fundamental debe tenerse bien sustentada como una sabia consejera de mucha utilidad. El judicial estudioso, respetuoso de su cargo, merece su ascenso como un premio bien merecido y olvidando que puede lograrlo con abusos legales y complacencias políticas a los que él estime puedan lograrle el deseado ascenso.
Finalmente las buenas maneras con alianza de un profesionalismo que facilite la auto superación será un terreno fértil para un funcionario de respeto. No debe tolerarse ni dejar pasar al judicial que procura rendirle culto descarado y vergonzoso al nepotismo. Nicaragua merece, y lo digo por lo que aprendí como funcionario judicial por varios años, que se le considere una nación que cultiva diariamente la justicia deseada para un Estado de Derecho ejemplar. El autor es Miembro de la Academia de Juristas de Ciencias Políticas de Nicaragua.
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