Un cese al fuego unilateral de 30 días anunciado por las FARC arranca este domingo en Colombia, tras una semana agitada en que los diálogos de paz entre guerrilla y gobierno se vieron enturbiados por la destitución del alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro.
El gobierno de Juan Manuel Santos no se plegó a la tregua, prevista hasta el 15 de enero de 2014 como un gesto de buena voluntad hacia los diálogos.
El alto al fuego llega luego de que esta semana el anuncio de destitución de Petro, un exguerrillero del M-19 que hizo carrera política tras abandonar las armas, fuera percibido como una amenaza al proceso de paz que se desarrolla desde hace un año en La Habana.
La Procuraduría colombiana, un órgano autónomo de control de servidores públicos, anunció el lunes la destitución e inhabilitación de Petro por 15 años por haber actuado con dolo en la reforma del sistema de recolección de basura.
La sanción fue tildada por las FARC como un «grave golpe» contra los diálogos, pues afecta «la confianza y la credibilidad» en las instituciones y constituye un «atentado contra el establecimiento de una verdadera democracia en Colombia».
El mismo Petro, que sigue en su cargo hasta que haya una decisión firme sobre su caso, dijo en entrevista a la AFP esta semana que su destitución es «un mensaje que busca sabotear la posibilidad de que se acabe la guerra».
«Es un mensaje directo para La Habana y así ha sido captado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) están sintiendo que las están engañando», expresó el alcalde, que ha recibido el apoyo de miles de personas en las calles tras el anuncio de su destitución.
Igualmente, el fiscal general Eduardo Montealegre, que revisa la sanción contra Petro, dijo a la AFP que la decisión de la Procuraduría va a tener un «impacto muy grande en el proceso de paz».
«Cuando se está tratando de construir una solución pacífica (…) hay un elemento muy importante de construcción de confianza entre el Estado colombiano y la insurgencia. Esa construcción de confianza parte o tiene un elemento importante, que es la seguridad jurídica» que garantiza a las FARC que van a poder participar en la vida democrática, explicó.
La analista política Laura Gil, sin embargo, dijo no creer «que la destitución de Petro vaya a trabar un proceso de paz que ya cogió una dinámica propia» y que «no se va a interrumpir a menos de que ocurra algo extraordinario».
«Lo que podría haber es alguna complicación porque se manda la señal de que son necesarios cambios constitucionales de fondo, una de las exigencias que han hecho las FARC» y que el gobierno rechaza, explicó Gil, refiriéndose por ejemplo al debate que ha surgido en el país sobre la necesidad de redefinir las funciones de la Procuraduría.
Por otra parte, este domingo la Policía anunció que el guerrillero Diego Fernando Tabares, a quien se señala como autor del atentado en 2012 contra el exministro del Interior Fernando Londoño, murió durante un operativo que se realizó este fin de semana en el departamento del Cauca (suroeste).
Así, y a pesar del ruido, las FARC mantienen la medida de cese unilateral al fuego.
Esta es la segunda tregua unilateral que decretan las FARC desde el inicio de los diálogos, y establece que solo emplearán sus armas para responder a «operaciones enemigas».
El primer alto al fuego se extendió del 20 de noviembre de 2012 al 20 de enero de 2013.
Las FARC y el gobierno discuten actualmente en La Habana el tercero de cinco puntos en agenda: las drogas ilícitas. Esto, luego de que llegaran a acuerdos sobre el desarrollo agrario y la participación política de la guerrilla.
El abandono de las armas y la reparación a las víctimas son los otros dos temas pendientes.
Las FARC, con entre 7,000 y 8,000 combatientes, son la principal guerrilla de Colombia y la más antigua de América Latina, con cerca de medio siglo de lucha armada contra el Estado.
