El gobierno de Nicaragua, que se declaró “satisfecho” por el reconocimiento de impacto ambiental en la zona del río San Juan, reaccionó, a través de un comunicado de prensa, ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre la petición para que ese tribunal dictara medidas provisionales ante la construcción de una carretera fronteriza por parte del gobierno de Costa Rica.
Según el comunicado, los peticiones de Nicaragua eran tres: «La entrega de un estudio de impacto ambiental transfronterizo, la ejecución de medidas de mitigación pertinentes y la no reanudación de la construcción de dicha carretera, mientras el fondo de la disputa no sea resuelto por el alto tribunal».
Con respecto a la primera petición, el gobierno nicaragüense dijo que la CIJ tomó «la palabra de lo expresado por Costa Rica», según la cual ese país se comprometió a hacer entrega el 19 de diciembre de esta año de un «Estudio de Diagnóstico Ambiental que cubre todo el estrecho de la carretera a lo largo del banco del río San Juan”.
En relación a la petición de ejecutar medidas de mitigación, Nicaragua asegura que la CIJ recordó la obligación reconocida por Costa Rica de “no causar ningún daño transfronterizo significativo como resultados de las construcciones en su territorio”.
Asimismo, el tribunal señaló que Costa Rica “reconoció la necesidad de trabajos de mitigación en aras de mitigar los daños causados por los efectos de la mala planificación y ejecución de las obras de la carretera”.
Finalmente, sobre la petición de detener la construcción de la carretera fronteriza, informó que a pesar de que la CIJ no ordenó el cese de la construcción, el gobierno de Costa Rica se había comprometido a no reaunudar ninguna obra de construcción de la carretera “antes de finales de 2014 o inicios del 2015”. Sin embargo, Costa Rica no está impedida para realizar las obras.
El Gobierno se mostró, además, satisfecho por el «reconocimiento de la CIJ de la existencia del impacto ambiental causado al río San Juan de Nicaragua» como resultado de la «negligente construcción y planificación» de la carretera, a la vez que espera que las «aseveraciones hechas por Costa Rica a la CIJ y los compromisos asumidos sean debidamente cumplidos».
Por otra parte, el Gobierno pidió a Costa Rica «abstenerse de toda acción que pueda agravar o prolongar la controversia» ante la CIJ.
