[/doap_box][doap_box title=»Conflictos provocados» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
Según Cuadra, en los últimos años los conflictos han estado vinculados con las estrategias de control y contención impulsadas por el Gobierno que modificó las relaciones con la sociedad civil. Todo inició con la arremetida contra las ONG, siguió en 2008 con el fenómeno de la violencia política y electoral y en los últimos tiempos menciona varias expresiones del descontento de la población, como la protesta de los jóvenes de Ocupa INSS, los choques de grupos armados, entre otros.
Menciona Cuadra que a la vigilancia y control, ahora a través de los Gabinetes de Familia, se sumará el control de la información y el espectro radioeléctrico que tiene como meta someter el descontento.
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Elízabeth Romero
Las reformas a la Constitución Política de la República y al Código Militar le permitirán al presidente inconstitucional Daniel Ortega disponer con mayor facilidad de los instrumentos represivos para ahogar cualquier protesta.
Además, Ortega podrá ejercer mayor control de las instituciones civiles y sobre la ciudadanía a través del manejo directo de las comunicaciones satelitales y electrónicas y el espionaje sistemático, según lo expuso el jurista Julio Icaza, al abordar el tema de la institucionalidad democrática y la paz durante el foro “El espectro de la guerra: Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana”, promovido por la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD).
A criterio de Icaza, “no importa que una gran mayoría de la población se oponga, Ortega pagará el precio que requieren las reformas, porque las necesita”.
Icaza expresó que Ortega se prepara para un futuro complejo y lleno de dificultades. Enumeró entre otras cosas que no tendrá la ayuda venezolana, la baja en los precios internacionales de productos tradicionales que junto a una serie de problemas y contradicciones sociales que “su populismo demagógico” no ha resuelto y que más bien piensa agravará la situación en el país.
Según Icaza, “Ortega sabe que los astros están empezando a desalineársele y se prepara para tiempos duros que se avecinan” .
Es por eso que —dice Icaza— Ortega le suma a las reformas constitucionales las del Código Militar, que permite a militares ocupar cargos públicos y de ese manera “se abre paso a la militarización del Estado”, al colocar al cuerpo armado directamente bajo su mando. Y así, a su discreción, podrá sacar a los militares a la calles para sofocar asonadas y motines, “léase protestas ciudadanas”.
“Las reformas al Código Militar desnaturalizan la institución castrense, vulnera su carácter nacional, apartidista, profesional y no deliberante, están dirigidas a corromper al Ejército y convertirlo en una nueva Guardia Nacional”, dijo Icaza, quien señaló que Ortega podrá mantener indefinidamente en la jefatura del Ejército a aquellos oficiales que le sean fieles, y disponer de miembros de esa institución castrense para cuidar propiedades privadas donde tenga intereses la familia gobernante.
No engañar a la opinión pública
Recordó Icaza que la sociedad ya sufre por las actuaciones policiales en la ciudad y del Ejército en el campo, en contra de ciudadanos que han optado por tomar las armas.
“No estamos de acuerdo con la decisión de estos grupos de regresar a la violencia, tampoco podemos aceptar que se les trate como delincuentes y se trate de engañar a la opinión pública nacional e internacional”, dijo Icaza.
Con Icaza coincide la abogada constitucionalista Azahálea Solís, quien indica que tanto en el área urbana como en la rural del país ocurren una serie de problemas que les lleva a la conclusión de que no existe voluntad política para responder correctamente. Estos problemas —menciona Solís—, están relacionados con la tierra, la minería, exclusión, entre otros. Y que lleva a muchos a protestar incluso con la toma de las armas, como ya se manifiesta en varias partes del norte del país, pues los problemas “se van incubando”.
“Todas estas cosas con seguridad van a llevar a un mayor descontento y si no hay respuesta frente a los descontentos pues habrá protesta, algunas protestas pueden ser más o menos agresivas o violentas cuando hay desesperación, ya lo hemos vivido anteriormente”, advirtió.
No obstante, Solís apuntó que si tras una cruenta guerra que padecieron los nicaragüenses en la década de los ochenta se logró la pacificación del país, “no tiene sentido que después de pacificarla volvamos a estar en una situación de este tipo”.
Los participantes en el foro refieren que es necesario plantear a la sociedad la necesidad de demandar al Gobierno respuestas políticas, pero de una manera cívica.
Elvira Cuadra, especialista en temas de seguridad, advirtió que el riesgo de volver a una ola de violencia “es bastante alto”, pues están las condiciones dadas en el país para que esto suceda, si la ciudadanía no hace uso de los recursos para reclamar, como es el derecho a la movilización, a la protesta y a la manifestación ciudadana.
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