Gloria Picón Duarte
Con el voto de 64 diputados orteguistas a favor y 27 en contra (de la Alianza PLI) aprobó en lo general la reforma a la Ley de Transferencias Presupuestaria a los Municipios de Nicaragua la cual, a criterio de los opositores, violenta la autonomía municipal, ya que se le da poderes discrecionales a la Comisión de transferencias para decidir cuánto dar a un municipio y en qué debe invertirlos.
El mismo artículo agrega que la autonomía no exime al Ejecutivo ni demás poderes de sus obligaciones con los municipios.
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En la reforma al artículo 12 se establecen límites para el uso de las transferencias de gastos corrientes, los cuales serán definidos por la comisión de transferencia y se indica que de la asignación se debe invertir un cinco por ciento en salud, educación y medioambiente, mientras que para agua y saneamiento un 7.5 por ciento.
El diputado Pedro Joaquín Treminio, de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (BAPLI), recordó que la ley de Transferencia Presupuestaria nació con el deseo de apoyar a las municipalidades más pobres; sin embargo, la actual reforma violenta la autonomía municipal y los recursos que el pueblo paga con sus impuestos serán transferidos a las alcaldías más grandes, en cambio los más pobres van a recibir menos dinero.
Durante la discusión, los opositores explicaron que existen 91 municipios con una población menor a los 30 mil habitantes, que antes recibían el 44 por ciento de la transferencia municipal y ahora recibirán el 28 por ciento. En cambio, nueve municipios que tienen una población mayor a cien mil habitantes serán beneficiados con el 40 por ciento de los recursos de las transferencias municipales y antes recibían el 19 por ciento.
Los oficialistas argumentan que es necesario mejorar la distribución equitativa de las transferencias, tomando en cuenta el volumen de la población. Pusieron como ejemplo que hay un municipio que recibió, en el 2013, 17 millones de córdobas y tiene una población de 8,900 habitantes, lo que da como promedio un poco más de mil córdobas por habitante. Al contrario, el municipio de Managua recibió 107 millones de córdobas y tiene una población de 1,032,000 habitantes, lo que da una media de poco más de cien córdobas por habitante, “lo que muestra desequilibrio”.
Según los oficialistas, el hecho de que se permita a los municipios utilizar la transferencia municipal para gastos corrientes hace que algunos no realicen las recaudaciones correspondientes y se conformen con la transferencia del Gobierno central.
El artículo 13 faculta a la comisión de transferencia a determinar y eliminar las asignaciones fijas que tenían algunos municipios, lo cual, a criterio del diputado Hugo Barquero, de BAPLI, es peligroso porque no hay elementos técnicos para calcular la asignación y esto puede provocar que se utilicen elementos partidarios.
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