Tania Sirias
Costa Rica celebró las medidas cautelares emitidas por la Corte Internacional de Justicia, la cual mandó a retirar el personal militar y civil de Harbour Head y reparar los caños abiertos en la zona de disputa. Sin embargo, aún falta resolver las medidas solicitadas por Nicaragua ante el daño ambiental al río San Juan, dijo el experto en temas internacionales, Norman Miranda.
El jurista afirmó que de la misma manera en que el tribunal en La Haya resolvió de manera expedita a Costa Rica, así lo tendrá que hacer con las medidas solicitadas por Nicaragua y estas “deberán ser ventajosas para nosotros”.
Además, dijo que estas medidas “no son una derrota para Nicaragua”, debido a que apenas es una sentencia interlocutoria. Por lo tanto, no tocan el fondo del asunto.
“Tampoco podemos verlas como que nada pasó, porque sí dictaron medidas severas, pues ordenó a Nicaragua el cierre de los dos caños que abrió Eden Pastora, dando un tiempo de dos semanas y que se envíen pruebas satelitales de las reparaciones”, comentó Miranda.
NICARAGUA CON VENTAJA
Indicó que si se hace un balance de lo que ordenó la Corte, Nicaragua ganará con creces, ya que Costa Rica ha alegado daño de tres kilómetros cuadrados en Harbour Head, mientras que el daño causado por el gobierno tico es de 138 kilómetros a la ribera del río San Juan.
“Lo dicho por la Corte el día viernes 22, no prejuzga en nada sobre la ulterior decisión de fondo que la CIJ tiene pendiente de emitir a finales de 2014 o inicios de 2015, sobre la atribución de soberanía sobre Harbour Head”, opinó el experto en temas internacionales.
En tanto, el exministro de Relaciones Exteriores y actual diputado opositor, Eduardo Montealegre, demandó al Gobierno reactivar una comisión de excancilleres para implementar una política de Estado en defensa de la soberanía territorial.
TRIUNFOS EN LA HAYA
Esta comisión “fue uno de los elementos que hicieron posibles los triunfos en La Haya frente a Honduras y Colombia”, remarcó Montealegre, también coordinador político de la alianza Partido Liberal Independiente (PLI), principal de oposición del país.
El excanciller explicó que esa ordenanza de la CIJ “no afecta los derechos de Nicaragua ni influirá en la decisión de la Corte sobre el fondo del asunto y, además, hasta donde conozco, ya era esperada por el Gobierno de Nicaragua”.
Agregó que “Nicaragua ya había admitido ante la Corte que se realizaron trabajos en los dos caños sin la autorización del Gobierno central y que, en cuanto tuvieron conocimiento, mandaron a suspender los trabajos y a retirar al personal”, dijo Montealegre.
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