Gloria Picón Duarte
Potestad para que el presidente inconstitucional Daniel Ortega pueda legislar vía decreto, militarización del Estado, reelección indefinida y control de las telecomunicaciones son algunos de los puntos de la iniciativa de reformas a la Constitución Política que han sido rechazados por diversos sectores en el país.
No obstante, el oficialismo defiende las reformas alegando que lo que buscan es la democracia directa y “proteger los datos de los nicaragüenses”, en el caso del control de las telecomunicaciones.
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“No están pensando en los nicaragüenses y no están pensando en ellos mismos como personas”, dijo Edwin Castro, jefe de la Bancada Sandinista y miembro de la Comisión Especial Constitucional al ser consultado sobre el rechazo a la reformas del artículo 92 de la Constitución de parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
En la propuesta se le agrega al artículo 92 que las bases de datos y registros informáticos deberán permanecer en el país y que en ningún caso es permisible el establecimiento de sistemas que alteren o afecten los sistemas nacionales. Además se agrega que los puntos de comunicación estatal deberán ser prioridad del Estado de Nicaragua y el espectro radioeléctrico y satelital que incida en las comunicaciones nicaragüenses debe ser controlado por el Estado.
Según Castro no se trata de controlar información, sino los equipos y las bases de datos de los nicaragüenses para proteger su privacidad. Puso como ejemplo que el BAC recientemente fue vendido a colombianos y que si no se exige que los datos estén en Nicaragua y se deja que se lleven los datos a Colombia, “quedaríamos a disposición de Colombia y no podemos defendernos (…) se está defendiendo la privacidad de los nicaragüenses, los que se oponen van en su detrimento”, sostuvo Castro.
ACLARACIÓN DEL BAC
Sin embargo Ana Chamorro, gerente de Comunicaciones del BAC manifestó que, a pesar de que los dueños del banco sean de Colombia o cualquier otro país, la institución se rige por las leyes de Nicaragua y los datos de los nicaragüenses están protegidos por el sigilo bancario como cualquier otro banco que está en el país.
“Todo está aquí local porque la regulación de la ley de bancos regula a nivel de Nicaragua, los datos no pueden ir fuera, la información está aquí local y está protegida como cualquier otra banca”, sostuvo Chamorro.
Mientras tanto el diputado Javier Vallejo, miembro de la comisión especial constitucional y de la Bancada de la Alianza del Partido Liberal Independiente (BAPLI) , manifiestó que “cuando en la reforma a la Constitución se habla en innumerables veces de ideales socialistas que han sido un fracaso en Cuba, Venezuela y Corea del Norte y, cuando este partido gobernante alaba esos sistemas, no queda más que sospechar que lo que pretende es el control de los ciudadanos a través de las bases de datos y las comunicaciones”.
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