Prometen fondos para defensores

Aunque la propuesta de Presupuesto General de la República para el 2014 solo asigna 6.1 millones de córdobas a la Dirección de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec), las autoridades están conscientes de la necesidad de asignarle más recursos para que pueda abrir dependencias en todos los departamentos y haga cumplir lo establecido en la nueva ley de los consumidores.

Lucydalia Baca Castellón

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Según el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, aunque la propuesta de Presupuesto General de la República para el 2014 prioriza el gasto social, “garantiza también los recursos suficientes para que el Gobierno cumpla el compromiso del pago de parte de la deuda con el Seguro Social, necesario para la reforma”.

Además, aseguró que el probable incremento del uno por ciento que registrará el aporte patronal no generará deuda del Estado. Está previsto que en cuanto se apruebe la reforma se reasignarán los recursos para cubrir el incremento.

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Aunque la propuesta de Presupuesto General de la República para el 2014 solo asigna 6.1 millones de córdobas a la Dirección de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec), las autoridades están conscientes de la necesidad de asignarle más recursos para que pueda abrir dependencias en todos los departamentos y haga cumplir lo establecido en la nueva ley de los consumidores.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junto al de Fomento, Industria y Comercio (Mific) preparan un programa gradual de acuerdo a costos estimados, que permitirá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, confirmó el titular de Hacienda, Iván Acosta, al concluir la primera sesión de consulta sobre el presupuesto 2014 en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Para el presidente de la comisión, Wálmaro Gutiérrez, es necesario asignar más recursos a la Diprodec, —instancia del Mific—, ya que la cantidad de responsabilidades y funciones que le otorga la Ley 842, que entró en vigencia el pasado 11 de octubre, no se van a poder aplicar si no cuentan con recursos suficientes.

Según Gutiérrez, lo que se tiene que discutir es si las reasignaciones se hacen durante el proceso de consulta del presupuesto o durante la reforma del próximo año, ya que la nueva ley acaba de entrar en vigencia y se tiene que ajustar todo el organigrama del Mific para luego hacer las asignaciones pertinentes.

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