Llegaron a la Asamblea las Reformas Constitucionales decididas por Daniel Ortega. No hubo discusión pública previa. Ni consulta con la población. Ni diálogo. A diferencia de reformas anteriores, cuyos temas fueron ampliamente conocidos antes de pasar a la Asamblea, esta vez nadie, aparentemente, ni los diputados oficialistas, conocían su contenido antes de recibirlas oficialmente.
Sorprendente. Porque en una democracia el consentimiento de los gobernados es, por definición, lo que legitima a los gobiernos o las leyes. Esto implica que en decisiones de gran trascendencia, la opinión del pueblo deba ser escuchada. Es lo moral, lógico y correcto. Más aún cuando se trata de una reforma constitucional.
Como señalaba un editorial reciente, cambios en la ley superior de la República son procesos de gran trascendencia, por cuanto modifican el marco que rige nuestra convivencia y afectan a todos. Incumbe pues a todos los sectores conocer sus implicaciones y discutirlas con suficiente amplitud. En una sociedad democrática, donde se respeta la opinión de los ciudadanos, debe buscarse que la Constitución exprese las aspiraciones y preferencias de estos.
Podría argumentarse que la consulta con el pueblo se realiza al someter la propuesta de reformas al debate parlamentario y que este es su mayor fuente de legitimidad. Esto podría ser el caso en repúblicas donde los diputados representan verdaderamente a sus electores y son independientes. Pero no es el caso en Nicaragua. Aquí sus parlamentarios son electos por el dedo del caudillo y pueden perder el puesto si se atreven a disentir, como ocurrió este año con la diputada Xochilt Ocampo y el diputado Jarquín. Ningún diputado del FSLN se atreverá a votar en contra de una sola de las propuestas de reforma que vengan de Ortega. Ninguno.
Ortega sabe que tiene en sus manos hacer las reformas constitucionales que quiera, pues cuenta con una asamblea sometida. Pero hubiera crecido como estadista, y promovido la participación ciudadana de la que tanto habla, si hubiese invitado a la nación entera a discutir sus propuestas —algunas de las cuales podrían ser dignas de respaldo— antes de enviarlas a la Asamblea Nacional. Si estaba convencido de que son buenas, y si aprecia el criterio de los distintos sectores de la población, ¿por qué no dio a conocer sus propuestas con una política de cartas sobre la mesa y de transparencia total? ¿Por qué se empeña tanto en el secretismo y en el actuar obtuso y opaco?
Muchos en el sector privado piensan que Ortega es un buen escuchador. Que es pragmático y razonable. Que con él pueden fraguarse valiosos consensos. Estas percepciones no son antojadizas. Son producto de la experiencia y pueden ser correctas. Pero entonces, ¿por qué no actúa de cara a la nación con la apertura y candor que muestra a los empresarios?
Ortega desperdició una oportunidad de lucirse, abriendo un proceso de saludable participación que hubiese demostrado respeto al pueblo y la confianza en sí mismo de quien camina erguido y con la frente en alto. Escogió, por el contrario, una actuación más parecida a la del reptil, que se arrastra sigiloso, y que da pie para que se le tenga como un jefe arrogante, que desprecia la opinión de su pueblo, o como alguien que tiene agendas ocultas y prefiere maniobrar en lo oscuro.
No solo el Cosep, sino el pueblo entero, tienen derecho a que el mandatario dialogue con él y le escuche con atención y apertura. ¡Camine en la luz, comandante!
El autor es sociólogo, fue ministro de Educación.
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