Lucydalia Baca Castellón
Según el Consejo Nacional del Café (Conacafe) por los efectos de la roya este año la cosecha podría ser de entre 1.6 y 1.7 millones de quintales. La anterior fue de 2.06 millones de quintales.
Ante esta reducción Buitrago comparte con los productores que con base en proyecciones de la Organización Internacional del Café (OIC) la mano de obra por la actividad cafetalera se reducirá en al menos el 37 por ciento.
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Los exportadores de café cerraron fila junto a los productores para rechazar la iniciativa de ley que pretende establecer un aporte de entre dos y cinco dólares por quintal de café exportado durante los próximos cuatro años, que serían utilizados como capital semilla para financiar el Programa Nacional de Desarrollo y Transformación de la Caficultura (PNTDC). El sector privado espera que con esta ley también se alcance consenso con el Gobierno.
“La posición de los productores es válida. Es difícil aportar cuando estás pasando dificultades económicas. La producción viene para abajo por los estragos que causó la roya y los costos de producción son superiores al precio que está pagando el mercado internacional (106.60 dólares por quintal). Entonces ya están perdiendo y encima les quieren retener una cantidad”, dijo el presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), José Ángel Buitrago.
La iniciativa de ley promovida por el Gobierno no afecta a los exportadores, porque el aporte lo harán los productores. El exportador servirá únicamente como retenedor del aporte por cada quintal de café de calidad exportable.
Sin embargo, comparten con los productores que “no es el momento para establecer ese aporte”. Buitrago lamentó que después de varias reuniones con el Gobierno, en las que ya casi se había alcanzado un consenso en torno a la creación de ese fondo, la negociación se suspendió y el ejecutivo envió la propuesta de ley a la Asamblea Nacional.
Por su parte el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, reconoció que esta no es la primera ley que es enviada por el ejecutivo al parlamento, sin contar con el consenso del Cosep. No obstante, Aguerri confía en que ahora que la iniciativa está en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional utilizarán el mecanismo de consulta de esa instancia para “terminar de consensuarla” y evitar afectaciones al sector.
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