Elízabeth Romero
II y última entrega
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Leduvina Guill, dirigente de una asociación indígena de Liawra, confirmó que en su territorio formado por 18 comunidades hay varios casos detectados y las más afectadas son las mujeres casadas, porque los hombres que se niegan protegerse le transmiten a sus compañeras.
El doctor Gerson Zamora, responsable de Epidemiología en Waspam, considera que en esto incide la migración constante hacia Honduras.
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La distancia entre la comunidad de El Paraíso y Waspam, los lugareños la establecen por el tiempo que tardan al desplazarse en bote sobre el Wangki o Río Coco. Mediodía en bote de motor, dicen. Allí, al igual que en otras comunidades de ese sector la violencia contra las mujeres se sufre en silencio, pues son pocas las que lo denuncian.
Alfonso Enríquez, wihta de esa comunidad Río Coco Arriba, puso de ejemplo el caso de una mujer, a quien en una ocasión el hombre llegó a dejarla bajo candado en una casa para que no viera a otros hombres.
El wihta relató que antes de viajar a Honduras el hombre de su comunidad se encargó de sacar a la mujer de la casa y trasladarla a otra vivienda, donde la dejó sola bajo candado.
La mujer estaba embarazada y cuando estaba por dar a luz, la comunidad detectó que estaba encerrada y aunque Enríquez dice que llegó para tratar de ayudarla, esta rehusaba a recibir ayuda de alguien.
“Te estás muriendo, te vamos a sacar”, recordó Enríquez que le insistía a la mujer, quien pese a los dolores del parto se resistía a que la liberaran pues allí la había dejado su esposo y temía desobedecerlo.
“Si me muero quiero que mi esposo me venga a ver y él me entierre”, rememoró el wihta que le insistía la mujer, quien al final pese a su negativa fue sacada para que recibiera la debida atención. El hombre que la encerró nunca regresó.
Algunas mujeres indígenas llegaron a señalar que en ciertas comunidades, en algunas ocasiones la violencia la sufren de parte de los mismos wihtas, que son facilitadores judiciales y parte de la estructura orgánica de las autoridades comunales en las comunidades indígenas, siendo su función principal administrar justicia comunal mediante leyes tradicionales.
En el reciente foro de mujeres indígenas realizado entre el 4 y 7 de octubre, en Waspam, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), se expusieron como ejemplo de esa violencia el caso que ocurre en la comunidad de Sasha, donde pese a que fue nombrada como wihta una mujer, esta prácticamente no ha podido ejercer su cargo, porque hasta la fecha las autoridades comunitarias anteriores no le han entregado formalmente ni siquiera el mapa de la comunidad.
El período terminará en enero próximo y ella no ha podido impartir justicia por machismo, criticó la procuradora especial de la Mujer, Deborah Grándison.
DROGA Y VIOLENCIA
La funcionaria expresó que en ese municipio ha identificado una serie de problemas que inciden en la violencia contra las mujeres, como el abuso de las drogas, que aumenta la violencia, pues el hombre se les lleva el poco patrimonio que poseen en el hogar para satisfacer sus vicios.
En el foro Grándison aprovechó para explicar a las mujeres que agresiones verbales o amenazas que reciben a diario como: “Te voy a pegar, te voy a matar, te voy a quitar a los chavalos”, es violencia sujeta a sanción penal.
También les explicó que la mediación “es voluntaria”, que cuando la mujer no quiere mediar no puede ser forzada a hacerlo. Igual les manifestó que el hombre que ya medió una vez no puede volver a hacerlo y debe tramitarse ante el Ministerio Público y el juez, no ante la Policía.
La jefa de la Comisaría de la Mujer a nivel nacional, comisionada mayor Erlinda Castillo, aconsejó “que las mujeres vayan sensibilizándose, rompan el silencio y apoyen a otras mujeres en la presentación de sus denuncias”.
Castillo anunció que con apoyo de un organismo catalán mejorarán los servicios de la Comisaría en Waspam, para lo cual cuentan con poco más de 50 mil euros que les permitirá formar un equipo de profesionales especializados como psicólogos y asesores jurídicos, a fin de dar seguimiento a los casos de violencia.
Actualmente la Comisaría en el lugar únicamente cuenta con dos investigadoras y una trabajadora social, para dar respuesta a ese municipio que es uno de los más extensos de la RAAN.
Las mujeres aseguran que ante la falta de delegaciones policiales cercanas a sus comunidades, ellas muchas veces se ven obligadas a poner la denuncia a los militares, quienes no están facultados a tramitar ese tipo de quejas.
Benita Cabrera, funcionaria de proyecto de MS ActionAid Denmark, explicó que esa organización promoverá en la RAAN y en dos municipios de Matagalpa una investigación sobre mujeres y ciudades seguras, para saber qué tan seguras se sienten las mujeres en sus comunidades.
EMBARAZOS RESULTADO DE ABUSOS
Otro de los problemas que agobian a las mujeres indígenas son los embarazos en adolescentes y jóvenes, muchos de lo cuales son resultado de violación sexual no denunciada.
De acuerdo con estadísticas del responsable de Epidemiología del Ministerio de Salud de Waspam, doctor Gerson Zamora, durante el primer semestre del año registraron 1,250 embarazos en muchachas cuyas edades están comprendidas en su mayoría entre 14 y 19 años, de un total de 1,315 embarazos en ese mismo período.
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