Moisés Martínez
La caída en desgracia del defenestrado exdirector general de ingresos, Walter Porras Amador, no solo sirvió para que quien era su segundo, Martín Gustavo Rivas Ruiz, ascendiera como titular de la cartera recaudadora de impuestos, sino para que además este mejorara considerablemente su salario, al punto de percibir más de lo que ganó su antiguo jefe, según documentación en poder de LA PRENSA.
De acuerdo con las planillas de la institución a las que se tuvo acceso, el salario, al menos hasta julio de este año, de Rivas Ruiz en su calidad de titular de la Dirección General de Ingresos es de 98,341 córdobas. Esto equivale a que este funcionario público gana 21,829 córdobas más de lo máximo que llegó a ganar Porras Amador, cuyo último salario antes de su despido en marzo del 2011 fue de 76,512 córdobas.
El salario de Rivas Ruiz igualmente violenta el decreto 97-2007 emitido por el presidente inconstitucional Daniel Ortega referido al máximo que debería devengar un funcionario público.
LA PRENSA intentó ponerse en contacto con Rivas Ruiz por medio del Departamento de Prensa de la DGI, pero no hubo respuestas a nuestras consultas.
Igualmente, fuimos a la institución en busca de la versión del funcionario público o de quien delegase para atender nuestras consultas, pero ahí nos dijeron que la vocera de esta cartera estatal no se encontraba y que supuestamente Rivas Ruiz igualmente se encontraba fuera de Managua.
Dejamos nuestros datos para que se pusieran en contacto con nosotros, pero esto finalmente no ocurrió. Igualmente, quisimos ponernos en contacto con Porras Amador en su calidad de exdirector de la DGI, pero el teléfono móvil que tenemos registrado de este aparece como desconectado.
El salario de Rivas Ruiz como subdirector de la DGI al momento del retiro de Porras Amador era de 65,023 córdobas, o sea 33,318 córdobas menos de lo que actualmente estaría ganando el funcionario.
SALARIO SUBIÓ CASI20,000 CÓRDOBAS
Cuando asumió formalmente el cargo de titular de la DGI, Rivas Ruiz lo hizo con un salario de 78,600 córdobas, tan solo 2,088 córdobas más de lo que ganaba Porras Amador antes de su retiro. Esto implica que desde marzo del 2011, cuando llegó al puesto, a julio del 2013, Rivas Ruiz incrementó su salario en 19,741 córdobas.
Presidente 3,200 dólares; vicepresidente, 3,100; secretario de la Presidencia y ministros 3,000; viceministros, 2,800; secretarios generales 2,600; directores generales 2,400.
En los entes descentralizados los salarios son: Presidentes 2,900 dólares; vicepresidentes o subdirectores 2,700; secretarios 2,500 y directores o jefes 2,300.
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3,922 dólares (98,341 córdobas) es lo que actualmente gana el titular de la DGI (al cambio oficial del jueves 17 de octubre de 2013).
40 mil córdobas por encima del techo impuesto por Ortega es lo que devenga como salario el funcionario público Martín Gustavo Ruiz Martínez.
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Capitán en retiro de la Policía Nacional, Rivas Ruiz, es uno de los funcionarios más huraños del gabinete del presidente inconstitucional Daniel Ortega. Casi no aparece en actos públicos, comparece poco ante los medios de prensa propiedad de la familia presidencial y evita a toda costa a los medios independientes.
ES DADO A LASCACERÍAS DE BRUJAS
Una investigación de LA PRENSA en junio pasado reveló que Rivas Ruiz obliga a los empleados de la DGI a entregar un porcentaje de sus salarios para financiar actividades de proselitismo político a favor del Frente Sandinista. A pesar de que este cobro es ilegal, la administración del presidente Ortega no se pronunció sobre esta medida. Por su parte, la respuesta de Rivas Ruiz a la publicación fue iniciar una feroz “cacería de brujas” a lo interno de la DGI para descubrir a los supuestos responsables de divulgar la información.
Álvaro Leiva Sánchez, secretario de Asuntos Laborales y Derechos Humanos Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), confirmó a LA PRENSA tener reportes y denuncias de empleados de la DGI sobre aumentos salariales sin control y regulación en esta cartera estatal, para beneficiar principalmente a los funcionarios de mayor jerarquía.
“A nuestras instancias han llegado denuncias de trabajadores de esta institución (DGI) de que se ha violado el decreto presidencial 19-2007, denominado Regulación Salarial de los Funcionarios Públicos de Mayor Jerarquía del Poder Ejecutivo, publicado en la Gaceta 34 del 16 de febrero del 2007, en el sentido de que en la actualidad se han venido dando en esta institución pública aumentos salariales sin control y regulación. De aquí se derivó que en enero de 2011 nuestra organización sindical interpusiera una denuncia ante la Contraloría General de la República, relacionada con la gestión administrativa en contra de las autoridades de ese momento, del periodo 11 de enero 2007 al 11 de enero del 2011”, puntualizó Leiva Sánchez.
HAY PARA AUMENTOS, NO PARA PAGAR INDEMNIZACIONES
De acuerdo con Leiva Sánchez, el ente fiscalizador aún no se pronuncia sobre la denuncia interpuesta. “No es posible que en la Dirección General de Ingresos se estén dando aumentos salariales sin control y regulación cuando hasta la fecha esta institución tiene pendiente pago de prestaciones sociales de un número considerable de extrabajadores que fueron y son despedidos ilegalmente y que tienen sentencias judiciales de pago a su favor que han sido desacatadas por el licenciado Martín Rivas Ruiz, actual director general de ingresos (DGI)”, añadió.
Rivas Ruiz continuó con la política de Porras Amador de violentar la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa al despedir por razones políticas por lo menos a unos 700 empleados de la DGI. En la mayoría de los casos, estos aún siguen reclamando el pago de sus indemnizaciones laborales.
¿APROBACIÓN DE ORTEGA?
A excepción del decreto presidencial 19-2007, no se conoce alguna otra norma en lo referente a la regulación de los salarios de los altos funcionarios en el gabinete del presidente Ortega.
Un funcionario de Hacienda y Crédito Público durante la administración del expresidente Enrique Bolaños, que pidió no ser identificado, comentó que durante ese periodo quien decidía los incrementos salariales era el mandatario, pero basándose en una tabla predeterminada.
“En todo caso, determinar los salarios de los miembros del gabinete podía ser algo totalmente discrecional o en base a un esquema homogéneo o estándar, que fue lo que se hizo en el periodo de don Enrique Bolaños. En ese tiempo habían dos categorías en dependencia de las capacidades del funcionario o de la complejidad del cargo, bajo estos conceptos es que se remuneraba a ministros, viceministros y presidentes de entes autónomos. El cargo de los directores eran tomados como ministros, siempre tomando como referencia las dos categorías”, explicó el funcionario.
Se esperaría que la Asamblea Nacional, instancia que aprueba el Presupuesto General de la República, hiciese alguna observación en caso de modificaciones a los salarios de los principales funcionarios en el gobierno. Sin embargo, el control orteguista en el poder legislativo hace poco probable esta posibilidad.
“En la época de don Enrique lo que había más bien eran reducciones de salarios, en parte por medida de austeridad y en parte también por la guerra política contra don Enrique. Las tensiones con la Asamblea Nacional hizo que se nos vinieran reduciendo los salarios a todos los funcionarios, casi quedamos ganando la mitad de lo que ganamos cuando inició la gestión de Enrique Bolaños”, relató el exfuncionario.
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