Querida Nicaragua: El señor don Daniel está luchando contra él mismo cuando se empeña en no nombrar a los funcionarios con cargos vencidos. En realidad de verdad, el primer favorecido con esos nombramientos sería el propio Ortega, ya que con ello supuestamente recobra la legalidad y legitimidad que actualmente no tienen y que todo Gobierno requiere. Nosotros, desde la oposición, estamos llamando funcionarios “de facto” a todos los que tienen sus cargos vencidos, y todos los días estamos esperando que a don Daniel se le ocurra nombrar los nuevos funcionarios. Digo nuevos por decir algo, porque el señor don Daniel puede nombrar a los mismos y asunto concluido.
Al nombrar nuevos funcionarios, o los mismos en esos cargos, nuestro país recobra en cierta forma su institucionalidad, su Estado de Derecho, al menos nominalmente, con lo cual nos hacemos la ilusión de estar viviendo en una democracia.
Nos conviene pues esa institucionalidad de nuestro país. Pero mucho más le conviene al señor don Daniel que a nosotros. Quien realmente sale ganando es el inconstitucional presidente Ortega, porque la noticia será difundida en el ámbito internacional, con lo cual el Gobierno de don Daniel se pone una flor en el ojal.
Nadie pensará en los funcionarios que ejercían sus cargos “de facto”, sino que pensarán que don Daniel da un paso más en la consolidación de la democracia en Nicaragua. Es tan astuto y hábil el señor don Daniel que ha hecho que la oposición le esté pidiendo algo que a nadie favorece más que a él mismo.
Seguramente algunos partidos, grandes, pequeños y minúsculos o inexistentes más que en el papel, estarán esperando agarrar del lobo un pelo, o sea uno o dos cargos dentro de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral (CSE), de la Contraloría General de la República, o de cualquier otra institución, pero eso no hará más que confirmar el viejo vicio del zancudismo con su proverbial argumento de que “es mejor combatir al Gobierno desde dentro”. Es la misma jugada que hicieron en su momento el general Emiliano Chamorro con Somoza García en 1950, y el doctor Fernando Agüero Rocha con Somoza Debayle en 1971 con el Kupia Kumi.
La empresa privada, sin importarle la institucionalidad de la nación, se dejó cautivar por don Daniel. Es probable que mediante decreto, u orden presidencial algunos miembros del Cosep puedan participar del ejecutivo como funcionarios de confianza.
Los partidos políticos no desean quedarse por fuera y están esperando el momento para hacer los nombramientos del caso.
Pero nada cambiará. Los nuevos funcionarios, cuando a don Daniel se le ocurra impulsar sus nombramientos, harán lo que mande el ejecutivo. Si se permite nombrar a algunos de la oposición, siempre estarán en minoría y en el mejor de los casos solamente podrán razonar su voto y declarar ante la prensa nacional su oposición a tal o cual disposición.
Los que saldrán ganando son los funcionarios que fueron de facto y que ya no lo serán. Los ilegítimos obtendrán legitimidad. La primera comisionada Aminta Granera ya no será de facto, ni los magistrados de la Corte Suprema y del CSE, ni los contralores, ni los fiscales, ni los procuradores.
Consultando con juristas de nota me expresaron que en cierta forma gana don Daniel, pero también gana Nicaragua, porque mal que bien va recobrando su institucionalidad. Yo pienso que todo esto es un juego donde no hay legitimidad. Don Daniel no puede ser un presidente constitucional mientras no se someta a un proceso electoral limpio y transparente, sin juegos sucios de cédulas falsificadas o perdidas, sin agentes danielistas en las mesas de votación, sin un CSE honorable y sin observación nacional e internacional abierta para quienes quieran venir a comprobar la transparencia del proceso electoral. Solo así se es presidente legítimo y constitucional. De otro modo siempre será inconstitucional. El autor es director general de Radio Corporación.
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