Es curioso que uno de los problemas más serios de Nicaragua —el mal funcionamiento de nuestra justicia— sea al mismo tiempo uno de los más fáciles de solucionar. Lo que básicamente requiere es la buena voluntad política de quienes detentan el poder.
Que nuestro sistema judicial es malo y mejorarlo es vital, es una percepción que comparten casi todos. Empresarios, abogados y ciudadanos en general se quejan amargamente de su corrupción e ineficiencia. Cosep, por algo, colocó la seguridad jurídica como el segundo pilar de su agenda a la nación. Haciéndolo, recogió un clamor, una especie de grito que corean también la Iglesia, los partidos, los profesionales, la sociedad civil y, en fin, todos aquellos interesados en el bien común: tener un sistema judicial confiable, independiente y profesional.
La justicia, como dijo John Rawls, pensador cimero de la filosofía política y moral del siglo XX, “es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas del pensamiento”. Es también uno de los pilares del desarrollo; promueve la confianza, atrae inversiones, aumenta los empleos y disminuye la pobreza.
¿Qué hace falta para lograrlo? Uno de los ing
redientes es más recursos: hay que pagar mejor a los jueces y dotar a los juzgados de los medios y tecnologías adecuadas. Pero hay algo más importante y barato, obtenible a corto plazo: asegurar la independencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un precepto fundamental de toda sociedad civilizada es que los miembros del poder judicial no estén sometidos a ningún grupo, político, económico, social o religioso. La justicia, o es imparcial e independiente, o no es justicia. Gran parte de los vicios de nuestro actual poder judicial deriva de la ausencia de este requisito. Los magistrados deben su puesto y permanencia a sus padrinos políticos. Tener talento y honradez no funciona tanto como asegurarse el respaldo del partido y sus respectivos caudillos.
Una medida de eficacia universal para promover la independencia de los magistrados es hacerlos vitalicios. No es una receta infalible, pero ayuda: quien tiene su puesto seguro ya no tiene que andar cortejando a los grupos de poder y puede concentrarse de lleno a perfeccionar su labor.
El expresidente Luis Somoza lo hizo en 1962, a través de una reforma constitucional. Los resultados fueron buenos. Abogados de todos los colores políticos, con quienes he conversado, recuerdan con nostalgia los tiempos en que la CSJ estaba presidida por juristas de prestigio. (Los magistrados en 1963 eran Alejandro Montiel Argüello, Hernaldo Zúñiga Padilla, Rafael Antonio Díaz, Salvador Mayorga Orozco, Diego Manuel Chamorro Bolaños, Felipe Rodríguez Serrano y Julio Linares). Fue una época en que había mucha mayor confianza en la calidad del sistema judicial.
Evidentemente, el quid del asunto es nombrar magistrados buenos. No es ni muy complicado ni caro lograrlo. Una alternativa sería crear un consejo integrado por representantes del sector privado, iglesias, universidades, partidos, etc. y que establezca un sistema de concursos u oposiciones para optar al cargo. Su mayor costo sería la decisión de hacerlo.
No hay por qué esperar más. Mejorar nuestra justicia traería un aire fresco y renovador y daría un gran impulso al país. Los nicaragüenses, sin distingos políticos, debemos movilizarnos a fin de que suba, de todos los rincones, el clamor fuerte y unánime de que anhelamos un poder judicial independiente. Quizá lo escuche Ortega. Si lo hace, estaría dejándole al país una de sus mejores herencias políticas y la demostración más convincente de que le interesa el bien común.
El autor es sociólogo, fue ministro de Educación.
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