En la próxima discusión y negociación de la reforma al Seguro Social hay ausentes y excluidos. O al menos así dicen sentirse representantes vinculados a la sociedad civil, que divulgarán en los siguientes días un comunicado para exigir al Gobierno que los incorpore a la mesa de negociación de la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Adolfo Acevedo, economista y miembro de la Coordinadora Civil; Julio Icaza Gallard, dirigente de la Unión Ciudadana por la Democracia, y el experto en Seguridad Social, Manuel Israel Ruiz, coincidieron en que antes de cualquier reforma al Seguro Social, se debe abrir un debate público que involucre no solo al Gobierno, empresa privada y sindicatos, sino a todos los sectores de la sociedad civil, sin excepción.
Está previsto que la discusión para los cambios en la Seguridad Social inicie esta semana.
El pasado viernes el presidente inconstitucional Daniel Ortega prometió que con la reforma al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS) se buscaría consenso entre Gobierno, empresa privada y sindicatos, esquema que, a criterio de Ruiz, deja por fuera a varios sectores, entre ellos a las universidades.
Además Aguerri dijo: “Si ellos son asegurados entonces que busquen a las agrupaciones que están en la mesa. Si ellos están en el sector de profesionales pueden ir perfectamente a Conapro (Confederación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua) y hacer sus planteamientos”.
Para Aguerri el tema de la reforma al INSS solo atañe a la empresa privada formal, Gobierno y los cotizantes, aunque admite que en esta reforma apuntarán a elevar la base contributiva incorporando a trabajadores y empresas del sector informal, que son más del setenta por ciento del mercado laboral y empresarial.
Aguerri cree que tres meses son suficientes para lograr un consenso porque lo único que se buscará es lograr la sostenibilidad del Seguro Social.
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El experto explica que en esa mesa deberían estar presentes al menos representantes de ocho sectores, que hoy por hoy han sido excluidos. Además de las universidades públicas y privadas —donde se forma parte de la mano de obra que se incorporará al mercado laboral y por tanto será afectada por los cambios en el Seguro Social—, en la mesa deberían estar, según Ruiz, representantes de los trabajadores del campo, de los más de 140,000 pensionados y los obreros que trabajan en el exterior y que pagan adicionalmente acá sus cotizaciones al INSS. Incluso, añade, la misma Iglesia “debería ser escuchada”.
En ese sentido, Icaza dijo que en el seno del Movimiento por Nicaragua, la Unidad por la República y la Unidad Ciudadana por la Democracia preparan un pronunciamiento sobre la reforma al INSS. “Vamos a plantear que esta sea una discusión inclusiva, amplia y que se tome en cuenta a todos los sectores del país”, enfatizó Icaza.
En eso coincide, Acevedo, quien señala que “eso es un asunto que nos va a afectar a todos y por tanto todos deberíamos tener la oportunidad de conocer lo que se está proponiendo”. Una vez que se conozcan las propuestas de cada sector (Gobierno, empresa y sindicatos), se “debe propiciar un debate nacional serio, porque esto es un asunto público que nos concierne a todos”, enfatizó.
Acevedo recuerda que detrás de esa reforma hay un gran problema que deberá ser abordado: el envejecimiento poblacional. “Esto amerita un debate muy serio”.
A pocos días para que inicien las espinosas negociaciones hasta ahora se desconoce si existe un proyecto de reforma único sobre el cuál se sustentarán las pláticas. La empresa privada ha dicho que no dará a conocer sus planteamientos públicamente hasta que se logre el consenso final; el Gobierno solo ha prometido que no se tocarán las semanas de cotizaciones y la edad de jubilación, y los sindicatos han expresado algunas propuestas verbalmente, pero nada en papel, incluso hay contradicción entre este sector en cuanto a sus planteamientos.
El nuevo esquema de Seguridad Social deberá entrar en vigencia en enero del 2014. Es decir a tan solo tres meses, periodo en que se deberá negociar este sensible tema de orden social. ¿Eso es suficiente? Ruiz dice que depende de lo que se pretenda con la reforma, pero recuerda que para que esta sea integral, tal como ha ocurrido en Panamá y Costa Rica en años pasados, la negociación, una vez conocido el proyecto de reforma, tarda al menos un año su discusión.
Icaza teme que el futuro de esa reforma ya esté pactado entre empresarios y Gobierno. Todas las señales apuntan hacia esa posibilidad, algo que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, niega, aunque admite que la negociación comenzó desde 2009, y ahora solo se va a unificar el proyecto final.
Los expertos coinciden también en que los sindicatos no representan los intereses de la mayoría, porque estos se mueven en dirección a los intereses del Gobierno y por eso exigen la inclusión nacional.
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