Lucía navas y Humberto Galo
Juan Carlos Gutiérrez, representante del Centro Jurídico Social Ayuda al Consumidor, expresó que los reglamentos no pueden contradecir el mandato de las leyes porque “si lo hacen estarían violentando el principio básico de legitimidad legislativa”.
En tanto, el Mific se prepara para que la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras o Usuarias (Diprodec) tenga presencia a nivel nacional. Para ello Solórzano espera que se le asigne mayor presupuesto.
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El titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Orlando Solórzano, descartó ayer que el reglamento vaya a cambiar lo dispuesto en la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, Ley 842, y por tanto seguirá prohibido que la propina se incluya en las facturas que emiten los negocios del sector comercio.
“Un reglamento no puede modificar la ley, (la propina) debe mantenerse fuera de la factura”, afirmó Solórzano a la vez que prometió que el Mific hará cumplir el mandato legal de que no se refleje en la factura la propina, sino que siga como algo voluntario darla por la persona que recibe el servicio.
El artículo 10 de la Ley 842, Ley de los Consumidores, establece que es prohibido “incluir propina en el precio y en el cálculo de la factura o cualquier alusión a la misma, dejando a criterio de las personas consumidoras pagar o no la propina, siendo esta última voluntaria”.
HOTELEROS Y RESTURANTEROS SE UNEN A PRESIÓN
Pero representantes de sindicatos de trabajadores del sector comercio y de los empresarios de los sectores de restaurantes y hotelería presionarán al Gobierno para que se permita que la propina se refleje en la factura, aunque pagarla sea decisión del cliente.
Marcial Cabrera, secretario general de la Federación Unitaria Trabajadores de la alimentación, agroindustria, turismo, servicio, comercio y conexos (Futatscon), afirmó que buscan un acuerdo con los empresarios para incidir con el Ejecutivo en “que en el reglamento (de la ley) se pueda corregir algo”.
“Se debe hacer entender a los diputados (y) a quién sea, de la cantidad de gente que sale afectada por esa disposición de la ley”, respaldó René Hauser, presidente de la Asociación de Restaurantes de Managua.
Hauser y Álvaro Diéguez, presidente de la Asociación de Hoteles de Nicaragua (AHN), sostienen que no buscan obligar a pagar la propina, pero respaldan a los trabajadores en que vía reglamento se permita que el cobro siga sugerido en la factura.
Pero el ministro Solórzano fue claro en que “cualquier cambio debe decirlo la Asamblea” Nacional vía reforma a la Ley 842.
“Un buen servicio vale la pena compensarlo y eso es lo que está establecido en la ley, pero no es obligatorio, es voluntario”, reiteró.
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