El régimen del presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra ha sabio aprovechar la ingenuidad de su “clientela política” cada vez que les ha ofrecido sacar al país de la pobreza en unos cuantos años.
Hay que recordar que Ortega en el 2007, junto al entonces presidente venezolano, Hugo Chávez Frías (q.e.p.d), celebraba que pronto se construiría la refinería que llamaron El Supremo Sueño de Bolívar.
Seguramente ambos mandatarios y sus equipos técnicos estaban clarísimos que un proyecto de refinería de la magnitud que estaban ofreciendo no estaría listo en términos de cinco años; sin embargo, ellos se mostraban seguros y su “clientela política” soñaba con que desde el año pasado en Nicaragua se estarían procesando miles de barriles de petróleo diario y, en consecuencia, la pobreza del país habría sufrido un fuerte revés.
En el 2007 se firma el acuerdo para iniciar con el megaproyecto que estaría listo en el 2012, pero, llegado este año, postergan la conclusión del mismo para el 2016 y, en la actualidad, prolongan la obra para el 2017. Bueno, al final solo ellos saben en qué terminará el perfil de ese proyecto.
Solo dos años después de que el régimen de Ortega hacía “soñar” a su “clientela política” con la refinería; es decir, en el 2009, se aprueba la Ley para el Desarrollo de Tumarín y se dijo que en el 2010 iniciarían las obras de construcción.
Resulta que, en el 2010, la Central de Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), empresa que desarrollará la construcción de la represa de Tumarín, anunció que tenía atrasos porque la Intendencia de la Propiedad no había determinado el estado legal de 50 kilómetros de tierras.
En el 2011, Marcelo Conde, presidente de CHN, dijo que la construcción iniciaría en el 2013. En mayo pasado se anunció que Tumarín empezaría en agosto, luego se pospuso a septiembre, después a octubre y ahora se dice que en enero 2014.
El proyecto hidroeléctrico Tumarín —que inicialmente empezaría a generar 180 megavatios de energía eléctrica en el 2012, de haberse cumplido con las proyecciones— ahora se plantea que generará 253 megavatios, pero a partir del 2017.
Hasta este momento aparentemente presenciamos un “empate técnico” en el incumplimiento de estos dos megaproyectos que fijan como meta el año 2017.
Y el más reciente y controversial megaproyecto entregado por el régimen de Ortega en bandeja al chino Wang Jing es la concesión para la construcción del añorado Canal Interoceánico. Aquí igual. Una soñadera de la “clientela política” con la danza de millones en cuanto entre a funcionar este proyecto. En realidad esa danza de millones desde ya la podrían estar disfrutando solo quienes se han encargado de impulsar en papeles el proyecto, quienes, además, le han hecho a la medida un marco legal para darle formalidad a nivel internacional y así buscar financiadores.
Pero es más, la acción deliberada del régimen de Ortega es tan macabra que llega al punto de establecer reformas constitucionales para acomodar la ley de creación de este proyecto a la Constitución Política de Nicaragua, en vez de que cualquier ciudadano nicaragüense —o acto legal que se ejecute aquí— se ajuste a la norma suprema del país, que es la Carta Magna. Solo basta imaginar el tipo de presidente que tiene Nicaragua —voraz y entreguista— para proyectar hacia donde vamos con hechos que pasan por encima de las leyes y de la voluntad popular.
La arrogancia del presidente inconstitucional, amparado en el poder que le dan las armas de la Policía partidarizada, las fuerzas paramilitares y las turbas delincuenciales del orteguismo, no le permiten razonar sobre el daño que está causando y que causará al país con la barbaridad del Canal. Su falta de razón ha llegado al extremo de no escuchar las recomendaciones técnicas que le ha planteado su asesor en temas ambientales, el científico nicaragüense, Jaime Incer Barquero, quien ha resaltado los daños que se generarían tanto en el lago Cocibolca como en los lugares por donde se establecerá la ruta del Canal.
Dicho lo anterior, estamos frente a una “competición de megaproyectos” en los que hay una danza de millones de dólares que no necesariamente se traducen en beneficios sociales y económicos para los nicaragüenses, porque se quedan en las manos de una cúpula corrupta que gobierna el país en conjunto con “colaboradores necesarios”. Los nicaragüenses deben tener conciencia que se merecen algo mejor y lo pueden cambiar en las próximas elecciones.
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