El régimen orteguista viene impulsando desde el año 2009 o 2010 lo que ellos llaman un “modelo de consenso” o una alianza gobierno-empresarios-trabajadores.
Yo no le creo a ese modelo porque simplemente tiene poco de consenso. Y porque en la realidad es más bien excluyente y es autoritario como probaré en las próximas líneas.
Comencemos por lo de “consenso”. Esa palabra significa: Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos.
Si es por el lado de los trabajadores, la palabra no podría usarse de peor manera. Para comenzar, el llamado “consenso” es solo con los sindicatos que están sometidos al régimen. Sindicatos que, de por sí, solo en raros casos se puede decir que representan a los obreros o que sean gremios con base sólida. La mayoría son solo cúpulas amamantadas desde el poder a través del clientelismo.
Un ejemplo de la falsedad de este modelo es la injusticia con que se ha tratado a decenas de miles de personas que tuvieron la mala suerte de trabajar para los gobiernos anteriores y que al llegar este gobierno en el 2007 fueron despedidos sin que se les evaluara su capacidad técnica o profesional y lo que es peor sin darles sus prestaciones de ley. El modelo es una falsedad porque el “consenso” opera solo cuando al régimen le interesa que opere. Y también es una gran hipocresía ya que esa acción, solo para citar una, contradice el lema “cristiano, socialista y solidario” por el que dice regirse este régimen.
Además, no le creo porque considero que del otro lado, del lado de lo que el régimen llama “la alianza” con los empresarios, la relación es desigual y, de nuevo, el consenso solo opera cuando el régimen quiere.
Tomemos el caso Alvimer, ya casi olvidado, en el que la Dirección General de Aduanas entregó, sin licitación, a una empresa de maletín una concesión de 15 años para manejar los sistemas de escáner en las aduanas y cobrando un 0.26 por ciento del costo de la mercadería que pase por allí, contrario a lo que ocurre en otros países del área donde se cobra una tarifa fija por carga escaneada. Y para colmo, la empresa se va a quedar con el 90 por ciento de lo que recaude y entregará a Aduanas solo el 10 por ciento.
Estoy seguro que las cámaras empresariales hubieran preferido que el sistema de escaneo (al que nadie se opone porque es necesario) se hubiera otorgado a una empresa reconocida mediante un proceso público de licitación. A los empresarios les hubiera gustado que sea Aduanas la que reciba el 90 por ciento de lo que se recaude para que esos fondos pasen a engrosar el presupuesto y se inviertan en obras sociales, pero ¿dónde y cómo operó el “consenso” en este caso? No funcionó.
Sin embargo, asumamos que el modelo funciona en la parte económica con los obreros y los empresarios y que este modelo es el responsable de que la economía nicaragüense esté creciendo hoy. ¿En realidad es un crecimiento “milagroso”? Veamos los números:
El “modelo” en los últimos tres años nos ha permitido un crecimiento del 4.7 por ciento. El crecimiento de los últimos tres años del gobierno de Enrique Bolaños fue del 4.6.
Es cierto que en aquellos años había inestabilidad política pero, ¿quién la provocaba? Los que finalmente se hicieron con el gobierno y no lo quieren soltar. Ahora hay seguridad ciudadana, pero igual había antes.
Entonces, si estamos obteniendo resultados similares al gobierno anterior, ¿vale la pena este “modelo”? Yo digo que no, sobre todo por lo que tenemos que sacrificar a cambio. En este país ha desaparecido la transparencia, las licitaciones son un lejano recuerdo. La Contraloría es un elefante blanco.
No creo que este sistema valga la pena cuando los fraudes electorales se realizan uno tras otro, cuando el mandatario actual está en su puesto porque pasó por encima de la Constitución. Cuando se han asfixiado a los medios de comunicación independientes y la Ley de Acceso a la Información es papel mojado.
Cuando hay decenas de altos funcionarios en sus cargos violentando la Constitución y las leyes. Cuando la ley y el sistema judicial es un chiste igual que la Asamblea Nacional que, con 60 diputados del régimen, solo está de adorno, prácticamente “pintada” como se dice.
Cuando los ciudadanos no pueden protestar porque los garrotean a vista y paciencia de la Policía. Como por ejemplo el caso de los jóvenes de #OcupaInss o el de las mujeres que protestaron en Nueva Guinea por el fraude del 2012, fueron sometidas a grandes abusos y la Policía nunca terminó de “investigar”.
Y para terminar, no creo que valga la pena el modelo porque ya los caramelos que muchos se han pasado tragando por años se están agotando. Ya los productores de carne y los mataderos están sufriendo las consecuencias de que se vaya cerrando poco a poco el “gran mercado” venezolano. Y en fila irán otros pues Venezuela hizo lo lógico y volvió a comprarle a su abastecedor natural, Colombia.
Ahora vamos a ver cuánto dura “el consenso”, un consenso que los cafetaleros afectados por la roya todavía no han visto y tampoco lo ve nadie cuando el “consenso” no es exactamente lo que el régimen quiere dar.
Allá los que quieran creer en pajaritos preñados.
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