Cosep y las cúpulas del empresariado nacional están contentos. Tienen buenas razones: Gobierno y sector privado están trabajando con mucha armonía; las leyes suelen aprobarse por consenso y los empresarios sienten que sus puntos de vista son respetados y tomados en cuenta.
No a todos les gusta este acercamiento. Algunos lo ven como un contubernio entre un gobernante corrupto y autoritario, y un sector egoísta y sin visión. Pero es una percepción estrecha que solo juzga intenciones mientras ignora resultados. Porque el hecho objetivo, palpable, es que independientemente de los motivos de los actores, la alianza gobierno-sector privado ha creado un clima favorable a la inversión y está contribuyendo significativamente al desarrollo del país.
Este ha sido, precisamente, uno de los mejores aciertos de Ortega: haber reconocido al sector privado como el motor más importante de la prosperidad nacional, la creación de empleos y la eliminación de la pobreza. El tratarlo como amigo es la consecuencia lógica de esta convicción.
El reto ahora es institucionalizar dicho modelo, haciendo que no dependa de la buena voluntad del líder de turno, sino que arraigue y adquiera permanencia. Un elemento para lograrlo es que esta concepción del sector privado, como clave fundamental del desarrollo, permee todas las dependencias del Estado. Porque sobran los funcionarios que por resabios ideológicos creen ganar méritos poniéndole trabas. También requiere un marco legal que asegure la participación de representantes gremiales en el engranaje estatal, ya sea a través de incorporarlos en gabinetes sectoriales mixtos (gobierno-privados) o dándoles curules en el congreso.
Aunque esta última idea pueda sonar extraña o afín al corporativismo, la inoperancia del sistema vigente, basado exclusivamente en legisladores miembros de partidos políticos, amerita su discusión. Efectivamente, aunque teóricamente los diputados deben sus cargos a la voluntad popular, en la realidad los deben al jefe de su partido, por lo que suelen ser rebaños dóciles. La mayoría no tienen nada en común con los elegidos: ni son del mismo departamento ni del mismo gremio. Muchos tienen de credenciales más la fidelidad política que el talento y de motivaciones más la prebenda que el deseo de servir. Además son muy caros, más cuando son 92 diputados con su cortejo de suplentes, beneficios, asesores y secretarias.
Un congreso con diputados representantes de las cámaras empresariales y otros gremios —como sindicatos, iglesias, asociaciones profesionales, barras de abogados, rectores, etc.— podría ser una alternativa digna de discusión, aunque tal vez existan otras mejores. El punto es que incorporar de una u otra forma a los poderes del Estado, a personas directamente vinculadas a los sectores productivos o más relevantes del país, podría contribuir a la modernización y despolitización del sistema, más aún si incidiesen en la elección de magistrados. También a mitigar algunos defectos de la actual administración, ya que la dinámica del sector privado, nacional o extranjero, presionará continuamente a favor de la seguridad jurídica y la transparencia.
Pero no hay que hacerse ilusiones. En política no hay recetas mágicas y nada funciona sin buena voluntad. El mejor diseño institucional puede naufragar si sus arquitectos no son respetuosos de la legalidad, o si tienen agendas ocultas. Lo único que puede asegurar la vigencia a largo plazo de un marco donde el sector privado y el país entero prosperen es fortalecer el estado de derecho y la ética pública.
De 1970 a 1978 la economía de Nicaragua venía creciendo al seis por ciento anual. Pero en 1979 el país estalló. Falló la institucionalidad política. El reto para el Cosep, en vista del vacío dejado por la crisis de los partidos, es hacer que la institucionalidad económica, que tan bien ha venido apuntalando, irradie hacia las otras esferas del estado. Se puede.
El autor es sociólogo, fue ministro de Educación.
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