TEGUCIGALPA/AFP
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12,500 efectivos tienen las Fuerzas Armadas en tres ramas: Ejército, Naval y Fuerza Aérea.
La composición de la Policía ha generado una controversia porque tiene en planillas unos 14,000 agentes pero en las comisarías solo se registran activos 9,500.
En la década de 1980, escuadrones de la muerte que operaban dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas, desaparecieron a 184 opositores políticos, en el marco de la doctrina de seguridad impulsada por Estados Unidos para la región en aquella época. Esta experiencia motivó el proceso de desmilitarización de la Policía que inició en la década de 1990, bajo fuerte presión de organismos de la sociedad civil como Cofadeh.
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El Congreso de Honduras —integrado por 128 diputados de cinco partidos— aprobó ayer, en tercero y último debate, la creación de la Policía Militar de Orden Público, como parte de una serie de medidas para combatir la criminalidad que llevó al país al récord mundial en homicidios.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, manifestó que la aprobación del decreto “provoca preocupación y tristeza. Y más tristeza porque marca un retroceso en la desmilitarización de la sociedad y en la democratización del país”.
“El Estado de derecho no se puede imponer con la militarización de la sociedad. Los militares que han salido a la calle lo que han dejado son más muertos, muerte y luto, porque no están preparados para ser garantes de la seguridad”, añadió.
Omar Rivera, dirigente la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), un frente de organizaciones de la sociedad civil, afirmó que “en ninguna parte del mundo los militares han resuelto los problemas de seguridad”.
Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) y candidato presidencial de una coalición de izquierda, aseguró que la decisión de crear una policía militar es porque “el Estado ha perdido el control en espacios ante el crimen común y organizado y tiene que recuperar esos espacios”.
El decreto afirma que “la crisis que actualmente vive el país pone de manifiesto la necesidad de la creación de una unidad militar especializada en el combate frontal del crimen”. Sin embargo, los problemas presupuestarios llevaron al Congreso a reducir a una quinta parte la futura policía militar que dispondrá de un millar de efectivos en vez de los cinco mil solicitados originalmente.
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