Norman Caldera
Cuando Walker salió de Nicaragua, Costa Rica que supuestamente vino al “rescate de la democracia en Nicaragua” se tomó el Castillo y los barcos en el lago y en el Río San Juan de Nicaragua (RSJN) con intenciones de convertir el objeto de la “Guerra Nacional” en una guerra de conquista.
En carta del 30-07-1857, el secretario de Estado norteamericano, Lewis Cass, se dirigió a su enviado especial en Centroamérica para expresarle su preocupación porque tenía informes que el Gobierno de Costa Rica tenía intenciones expansionistas sobre parte del territorio de Nicaragua. “Tales reclamos son tan injustos en sí mismos, y tan contrarios a las declaraciones de Costa Rica cuando dio instrucciones a sus tropas de marchar contra Nicaragua, que el presidente (Buchanan) se niega a creer que el proyecto expansionista haya sido meditado debidamente”.
Cass considera que las proclamas presidenciales del 1 y del 7 de marzo de 1856 contrastaban con la actitud de Costa Rica en 1857, que pasó de ser liberador a tener tropas de ocupación. En otra parte de la carta, Cass explica que él entiende como el único reclamo de Costa Rica la margen derecha del RSJN en una parte del recorrido del río y a sus derechos de navegación, con objetos de comercio, en esa parte.
El tratado de límites Jerez Cañas es un contrato; tiene una prestación y una contraprestación. Nicaragua le da a Costa Rica el fin de sus reclamos territoriales sobre la provincia de Guanacaste, la posesión de la margen derecha del río desde tres millas inglesas río abajo del Castillo hasta la desembocadura, y el derecho de navegación con objetos de comercio, en el mismo tramo del RSJN. Costa Rica le da a Nicaragua el reconocimiento de la jurisdicción y soberanía de Nicaragua sobre el curso de agua entero y el cese de sus hostilidades en el RSJN, para que Nicaragua pueda ser la única dueña y administradora de la “Ruta del Tránsito” o del futuro Canal.
Desde entonces Costa Rica no ha cesado en sus intentos de negar a Nicaragua la contraprestación en el contrato. Primero con el invento de los buques del servicio fiscal que obligaron al “Laudo Cleveland”, después con el mapa indicativo inventado y adjuntado a los “Laudos Alexander”, contrariando lo que aparece con claridad en el texto de dichos Laudos, luego con un nuevo intento de navegación armada (la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no lo permitió) y ahora con una doble ofensiva tratando de detener el dragado por un lado, mientras se encarga de aumentar el caudal del detritus que le cae al RSJN como resultado del irresponsable ecocidio cometido al construir la carretera cerca de la margen del RSJN, sin licitación pública transparente ni estudios de impacto ambiental.
Es a ese continuado y reiterado intento expansionista de incumplir con su parte del contrato al que se refirió Daniel Ortega, cuando expresó que la acción expansionista de Costa Rica (y el irrespeto a los derechos de Nicaragua sobre su RSJN), podría llevar a una nueva demanda ante la CIJ para que nos devuelvan la prestación (Guanacaste) que entregamos a cambio del respeto a los derechos de Nicaragua, derechos que Costa Rica no ha cesado de cuestionar ni de atacar, buscando vaciar de contenido los derechos otorgados a Nicaragua en ese tratado. Esa es la contraprestación que ha querido negarnos Costa Rica.
Las respuestas soeces y vulgares de algunos funcionarios públicos de Costa Rica ante la acción más civilizada posible entre países, una demanda ante la CIJ para dirimir disputas, desdice de la propaganda oficial sobre la cultura que yo sé que tiene el hermano país. Finalmente, al ministro Roversi quisiera recordarle que sus reacciones llamando a la hipotética demanda, “absurda y ridícula”, replican las ensoberbecidas declaraciones de autoridades colombianas en 2002 cuando me tocó el honor de someter la Memoria de Nicaragua a la CIJ en el caso finalizado en noviembre del 2012.
El autor fue canciller de Nicaragua (2002-2007).
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
