El 23 de enero de 2011, para no ir tan lejos, LA PRENSA publicó una nota en la que sus seis primeros párrafos sintetizan el origen de una serie de atropellos e ilegalidades del régimen actual que se empezaron a formalizar, desde el punto de vista técnico, el año 2009.
Los siguientes seis párrafos entre comillas dicen lo siguiente:
“Los magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocaron a los conjueces para establecer una irregular corte plena y así ratificaron una decisión espuria de la Sala Constitucional que le ofrece al presidente Daniel Ortega y a 105 alcaldes sandinistas la oportunidad de reelegirse en sus cargos, pese a que la Constitución Política establece un doble candado legal que impide al caudillo Ortega ser candidato en los comicios de noviembre próximo.
De forma discreta y silenciosa, los magistrados orteguistas y sus aliados conjueces tratan de fortalecer la decisión emitida por la Sala Constitucional del 19 de octubre del 2009, en la que solo estaban seis magistrados del gobernante Frente Sandinista (FSLN).
La resolución de ‘corte plena’ es la sentencia 06 de la Corte Suprema de Justicia, mandada a publicar en La Gaceta, diario oficial, del pasado martes 18 de enero.
La sentencia también declara la inaplicabilidad Erga ommes del artículo constitucional 147, que prohíbe la reelección presidencial por dos periodos consecutivos o si ya se hubiese ejercido en dos ocasiones, y el 178 que determina que los alcaldes y vicealcaldes solo pueden ser electos por un periodo.
El Erga ommes permite que estos artículos constitucionales sean inválidos no solo para el presidente Ortega, el vicepresidente Jaime Morales Carazo y los 105 alcaldes sandinistas que recurrieron a la Sala Constitucional, sino que además abarcan a todos los nicaragüenses que opten a cargos de elección popular.
Esta sentencia fue resuelta el 13 de enero y mandada a publicar en La Gaceta el 18 de enero”.
Cito todo lo anterior porque parece que estos momentos históricos en tan poco tiempo se han olvidado o, en el mejor de los escenarios, ahora se hace caso omiso a todo lo anterior porque “se debe recurrir contra el Gran Canal, hay que agotar todas las instancias, hay que ejercer nuestros derechos, etc.”.
Lo asombroso de todo esto es que varias personalidades del país, que han recriminado hasta más no poder los abusos del actual régimen, están legitimando con los recursos por inconstitucionalidad contra el Gran Canal, lo que a gritos se ha cuestionado en los últimos años: a los funcionarios de facto y sus ilegalidades. Por tanto, quienes han cuestionado todo lo malo de este régimen y ahora recurren ante una Corte espuria, ¿tienen autoridad política y moral frente a los nicaragüenses que se mantienen firmes contra la ilegalidad? ¿Tienen autoridad política y moral para decir que los abogados de la Corte Suprema ya no son magistrados? Y así sucesivamente en todos los casos donde hay funcionarios de facto.
¡Qué increíble! La ilegalidad es mala en unas circunstancias y con determinadas personas, pero la ilegalidad en otros momentos no importa. Supongo que habrá una serie de argumentos con este tema de los recursos interpuestos en la Corte, pero la pregunta sencilla y que debería tener una sola respuesta sin filosofar mucho ni invocar a grandes tratadistas es: ¿Por qué critican a los “malos” y recurren a ellos para que impartan justicia sobre “maldades”?
Qué fácil le están saliendo las cosas al comandante Ortega que, sin necesidad de la tensión en la Asamblea Nacional, personas de diferentes sectores están reconociendo mediante instrumentos jurídicos la inexistente autoridad de abogados que están en cargos de magistrados al margen de la legalidad desde el pasado 1 de julio de 2013. Cabe recordar que los funcionarios con periodos vencidos tienen distintas fechas.
Estos recursos por inconstitucionalidad contra el Gran Canal son el punto de partida para que el régimen actual, si quiere, legalice a todos sus funcionarios de facto en la Asamblea y, si no quiere, no hay problema, porque varias personalidades del país se han encargado de hacerlo sin que el comandante Ortega mueva un dedo.
A la instrumentalización que hace el comandante Ortega de los poderes del Estado, sumado a la concesión onerosa de la soberanía al empresario chino Wang Jing con el Canal Interoceánico, ahora debemos agregar la participación de los dirigentes opositores y de la sociedad civil legitimando todo lo malo. ¿Qué más falta?
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