MARTHA VÁSQUEZ
I ENTREGA
Eran las 9:00 a.m. del lunes 29 de julio. El patio del Juzgado Único Local Penal de Mateare (municipio ubicado al noroeste de Managua) estaba colmado de personas, unas procesadas, otras testigos y otras familiares.
Ese no era un día normal, puesto que la mayoría de la concurrencia llegaba por un solo caso: un litigio de la Procuraduría General de la República (PGR) contra líderes comunales por asuntos de propiedad.
Los acusados aquí son Ernesto García, Nelson García, Gonzalo Dávila, alias “Chang”, José Enoc Pineda y Juan Rodríguez, conocido como “El Pelón”. Los primeros dos son líderes del asentamiento Los Cachorros; Gonzalo por el asentamiento Canaan y los dos últimos por el asentamiento El Marañonal.
Según la acusación de la PGR, estos dirigentes de barrios cometieron el delito de Usurpación de Funciones Públicas, por “asignar, ubicar y entregar lotes de terreno” en los distintos asentamientos ubicados en la finca Miraflores, en el kilómetro 16 carretera a Xiloá, “a sabiendas que el Estado está trabajando en el saneamiento legal de la propiedad”, dice la acusación.
- LEA MAÑANA: OTRO DESPOJO DE ALBANISA.
En 1989 el ministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria otorgó título de reforma agraria a la Cooperativa Créditos y Servicios Francisco Jarquín, quien en 1990 la inscribe como propia en el Registro de la Propiedad de Managua, bajo el número 100,126, tomo 279, folio 214, asiento primero.
En 1997 la Cooperativa Francisco Jarquín vende la propiedad a Valores Comerciales e Industriales SA (Vacoinsa) quien la inscribió bajo el número: 100,126, tomo 1679, folio 215/216, asiento segundo.
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DESCABEZAR COMUNIDADES
Sin embargo, los líderes comunales argumentan que ellos no son ni funcionarios ni empleados públicos para que se les señale por tal delito y que el trasfondo de la acusación es descabezar a los movimientos comunales, como una medida desesperada de la PGR para quedarse con 380 manzanas de tierra que legalmente son privadas y están llenas de minas de arena, hormigón, material selecto y molejón.
“La intención es descabezar al movimiento comunal, dividir a la población para luego desalojar y quedarse con la posesión de la propiedad, porque es rica en minas”, expresó José Enoc Pineda, uno de los procesados.
El coordinador comunal confesó tener miedo porque detrás del juicio están poderosos intereses de Albanisa, el gigante de muchas cabezas que opera para los intereses de la familia Ortega-Murillo.
“Tenemos temor porque estas cosas así empezaron en el pasado, golpeando a líderes. Tenemos conocimiento que hubo una reunión en la PGR donde estuvieron altos funcionarios reunidos y tienen una lista de líderes comunales a nivel nacional donde supuestamente les harán lo mismo que a nosotros, montarles juicios por terrenos que les interese”, denunció Pineda.
A la audiencia de continuación de juicio programada para ese día llegó un camión con unas 50 personas de las diferentes comunidades en apoyo a sus dirigentes, pero la audiencia fue suspendida a petición de la defensora pública que representa a los líderes comunitarios. Además no habían llegado todos los testigos de la PGR.
“Nos acusan por el título compromiso que la Cooperativa Francisco Jarquín extendió a los miembros de la comunidad y nosotros firmamos como coordinadores que estamos recibiendo la donación”, explicó Juan Rodríguez.
Ambos coordinadores aseguraron que este juicio es el segundo que promueven contra ellos, ya que el primero fue por estelionato, pero al carecer de fundamentos fue clausurado.
“Utilizaron a la Cooperativa para que nos acusaran, pero se demostró que ellos (cooperativa) vendieron la propiedad en 1997 a Valores Comerciales e Industriales (Vacoinsa), donde los accionistas mayoritarios son Donald Spencer y Leonel Agurcia y estos nos donaron 70 manzanas para ubicar a nuestras familias”, dijo Rodríguez, desmovilizado de guerra.
PGR METIÓ TOMATIERRAS
Según Rodríguez, la PGR lejos de arreglar el problema de propiedad en las tres comunidades (asentamiento Canaan, reparto Los Cachorros y El Marañonal) lo complicó, ya que metió a “tomatierras” oficialistas y eso desató la violencia.
“En el 2012, la PGR después de pláticas con Vacoinsa y nosotros, se comprometió a donar 70 manzanas y la PGR sanearía el resto de la propiedad. La institución se comprometió a dar título a 135 familias divididos en los tres asentamientos, que ya estábamos ahí, pero entregaron 530 títulos firmados por Daniel Ortega en los tres asentamientos causando desorden y violencia entre los ciudadanos”, dijo Rodríguez.
Mientras tanto el juicio continuará el 6 de agosto en el Juzgado Único Local Penal de Mateare.
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