Eduardo Cruz
La Contraloría General de la República (CGR) es una de las instituciones del Estado que más se ha deteriorado con la actual situación política, la cual tiene su origen en el pacto libero-sandinista de 1999, aseveran diferentes sectores de la sociedad nicaragüense.
Todo comenzó cuando de un órgano con una dirección de titularidad unipersonal se convirtió en un cuerpo colegiado, explica Agustín Jarquín Anaya, excontralor de la República.
Especialmente durante los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, la Contraloría asumió un papel beligerante en la lucha contra la corrupción. La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, señala que dicha institución es ahora más bien una encubridora del enriquecimiento ilícito de los actuales gobernantes. “Es una de las instituciones que más ha recibido el embate del autoritarismo. Contribuye a aumentar la corrupción y todos sabemos que la corrupción es fuente de pobreza”, dice Núñez.
Los políticos opositores y los actores de la sociedad civil concuerdan en que a los contralores no se les puede “tachar” de actos de corrupción, como sí ocurre con magistrados del poder electoral, como Roberto Rivas. El problema de los contralores es otro: No están cumpliendo con su función de vigilar por el buen uso de los recursos del Estado y chequear las contrataciones del Estado. ¿Qué estará pasando?
“La doble función (de la Contraloría), de ser un contrapeso y un chequeo en las contrataciones del Estados y al mismo tiempo velar por el combate contra corrupción, ha sido bastante pobre. Es como dijo Francisco Báez en una entrevista, no se sabe si los contralores están muertos”, dice el presidente del organismo Ética y Transparencia, Roberto Courtney.
Algunos líderes de opinión le achacan el mal funcionamiento de la Contraloría al pacto Ortega-Alemán, y otros al hecho de que los contralores no están funcionando apegados a la Constitución, sino que están de facto y amparados en un decreto del presidente Daniel Ortega, ya que en la Asamblea Nacional no hay voluntad política para elegir a los nuevos funcionarios que dirigirán las instituciones del Estado.
Aunque en la actualidad los contralores no quieren dar la cara ante los medios de comunicación, siempre han dejado claro que la causa del mal funcionamiento de la Contraloría se debe a la falta de recursos y que la ley de la Contraloría es muy débil y no les permite actuar sino por medio de auditorías hasta que se ha consumado el uso de los recursos públicos. Es decir, no pueden ejercer un control previo del uso de los recursos del Estado sino hasta que se ha ejecutado el presupuesto.
El Tribunal de Cuentas era tan serio y eficiente que en 1979, cuando triunfó la Revolución Popular Sandinista, la Junta de Gobierno le dio vida legal a la actual Contraloría señalando que este organismo sería sucesora del Tribunal de Cuentas con todas sus atribuciones y soporte reglamentario. “Es más, la Junta explicó que este organismo creado funcionaría con las normas del Tribunal de Cuentas”, indicó Barboza.
El excontralor Agustín Jarquín Anaya recuerda que el último presidente del Tribunal de Cuentas fue Eduardo Casco Wassmer, un hombre que era tan íntegro que, aunque todos los somocistas huyeron con la entrada de los sandinistas, Casco se quedó para hacer entrega del tribunal a las autoridades entrantes.
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Con un presupuesto para este año 2013 de un poco más de 182 millones de córdobas, lo que representa el uno por ciento del Presupuesto General de la República, los contralores se quejan de que es un presupuesto muy pequeño para fiscalizar el 99 por ciento restante del total del presupuesto de la República.
De uno a cinco contralores
En 1999, como contralor, Agustín Jarquín Anaya era “la piedra en el zapato” del entonces presidente Arnoldo Alemán, quien vivía asediado por las denuncias por corrupción en su contra.
Era el tiempo en que se negociaba el pacto con Ortega y para quitarse a Jarquín de encima, Alemán propuso a Ortega hacer la Contraloría colegiada y ampliar el número de contralores de uno a cinco. A Ortega le gustó la idea porque también era una forma de tener cargos para repartir.
“La colegiación fue eminentemente política, no hubo un estudio que si con eso la Contraloría iba a ser eficiente”, explica Jarquín Anaya, quien decidió renunciar tras la firma del pacto.
La Contraloría fue conformada con tres liberales y dos sandinistas. Pero después del 2007, luego que Ortega asumió la Presidencia, los contralores liberales poco a poco se fueron distanciando del PLC y se acercaron al presidente Ortega.
El decreto de Ortega
Una crisis política que se originó en el año 2009 y que aún continúa en pie, provocó que en la Asamblea Nacional desde esa fecha no se hayan nombrado autoridades de las instituciones del Estado, como magistrados electorales y judiciales, procurador de Derechos Humanos y contralores.
El 10 de enero del año 2010 el presidente Daniel Ortega, pasando por encima de la Constitución, que no le otorga facultad para realizar nombramientos que no sean del ejecutivo, emitió el decreto 3-2010, en el que ordena que se mantengan en sus cargos todas las autoridades de instituciones y poderes del Estado a las cuales se les vencieran sus períodos en el 2010, mientras la Asamblea Nacional no nombrara a las nueva autoridades. A esta acción se le conoció como el “decretazo”.
Amparados en ese “decretazo”, los contralores se mantienen en sus cargos, a pesar de que ya se les venció sus períodos constitucionales como tales. De esa manera, el que se mantengan en sus cargos ya no depende de la Constitución ni de la Asamblea, sino de la voluntad del presidente Daniel Ortega, quien con otro decreto en cualquier momento los podría quitar de los cargos, según analiza el presidente de Ética y Transparencia, Roberto Courtney.
“Hay que recordar todos los contralores con términos vencidos no se van a atrever a impulsar nada (en contra de los funcionarios de Ortega) por ese nivel de compromiso, y por la falta de recursos que se les asigna”, advierte la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
¿Dónde están losmalversadores?
Aquellas resoluciones de la Contraloría en que determinaban responsabilidad de presunción penal en contra de los exfuncionarios o funcionarios del Estado, han dejado de ser. Ya casi no se escucha que la Contraloría encontró con presunción penal a un corrupto.
Aún así, la página web de la Contraloría anuncia diferentes resoluciones de auditorías en diferentes instituciones del Estado y en alcaldías. Pero esas resoluciones no son las que está esperando la ciudadanía.
“Anuncian de vez en cuando que están haciendo auditorías en municipios alejados, pero lo que ahora son realmente encubridores del enriquecimiento ilícito del Gobierno. Nos parece (que los contralores) son encubridores de Daniel Ortega, a quien ni siquiera por no dejar le recuerdan su obligación de rendir cuentas, de brindar su declaración de probidad”, reclama Vilma Núñez, quien recuerda que en el año 2006, cuando Ortega asumió el poder, presentó en su declaración de probidad una ínfima cantidad de recursos como patrimonio personal. “No hay información al respecto”, agrega Núñez.
Para el expresidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Alfonso Dávila Barboza, los contralores tienen la orden de no hacer estallar ningún caso de corrupción en el Gobierno de Daniel Ortega para dar la apariencia de que todo funciona bien en Nicaragua. “Los contralores prefieren quedar bien con los que los ponen que con la ciudadanía. Dan la apariencia de que las finanzas del país están bien controladas. Están de por medio los intereses políticos y eso lo veo malicioso y muy grave para la honorabilidad”, dice Dávila Barboza.
El exprocurador General de la República, Alberto Novoa, no encuentra razones para que los contralores oculten información a la población sobre la corrupción del Gobierno de Ortega. “No hemos escuchado nada acerca de la actual administración. La Contraloría es un ente que no juega ningún papel protagónico en la sociedad nicaragüense”, lamenta Novoa.
Mientras los corrupción continúa “encubierta” en el país, los contralores continúan devengando salarios que oscilan entre los cuatro y los cinco mil dólares mensuales. Además de que en el 2012 se les asignaron camionetas de lujo nuevas y tienen un equipo de trabajo cada uno que consta de asistente, secretaria, conductor, oficinas, papelería, teléfonos, combustibles, entre muchas otros beneficios que salen del erario, el mismo que ellos deberían de cuidar pero que no informan si lo hacen o no lo hacen. Sin duda, una de las instituciones estatales más deterioradas del Estado nicaragüense.
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