Tania Sirias
Es decir, que el diputado haya renunciado, que haya fallecido o que deba responder a una causa judicial, que no ocurrió en el caso de Agustín Jarquín.
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Para la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez desde hace mucho tiempo la Asamblea Nacional está pintada en la pared, dejando su función de ser un órgano legislativo, para ser un órgano ejecutor de mandatos que propone el presidente inconstitucional, Daniel Ortega.
Además dijo que el Consejo Supremo Electoral (CSE), no tiene la facultad para destituir ni cancelar la acreditación al diputado Agustín Jarquín Anaya, ya que en la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, establece que le corresponde al poder legislativo hacerlo.
“Es por eso que en el caso del ingeniero Jarquín no espero ninguna reacción digna de parte del presidente del parlamento, René Núñez ni de la junta directiva, pues no les interesa rescatar la institucionalidad”, expresó Núñez
La directora del Cenidh afirmó que el próximo 13 de agosto, la población verá asumiendo el curul a la señora Alyeris Arias Siézar, suplente de Jarquín.
ESTADO DE FACTO
Núñez de Escorcia afirmó que en el país se vive un “Estado de facto”, pues uno de los principios que rige la democracia es la separación de poderes, lo que implica que cada uno tiene sus funciones, actúan coordinadamente, pero cada uno tiene sus funciones.
“Esto en el país se ha perdido, pues no sólo se ve en la Asamblea Nacional sino también en el poder electoral, e incluso la Contraloría de la República están sometidos a la voluntad de Daniel Ortega, por lo tanto no hay democracia ni Estado de Derecho”, dijo la presidenta del Cenidh.
Añadió que todos los poderes del Estado están actuando en función de los intereses de la voluntad autoritaria del presidente inconstitucional Ortega y no se da una respuesta con legalidad.
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