Ramón H. Potosme
El 13 de agosto, cuando la Asamblea Nacional regrese de sus vacaciones parlamentarias, el ingeniero Agustín Jarquín Anaya irá a trabajar como diputado, pues no acatará la resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE) en la que le notifican que su nombramiento como legislador ha sido cancelado.
Esa decisión, según Jarquín, abre un conflicto entre poderes del Estado porque la única facultada para destituir a legisladores es la Asamblea Nacional. Él esperará la respuesta del poder legislativo al electoral.
En caso de que no lo dejaran entrar, según el jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Luis Callejas, “habrá bochinche”. Pero asegura que han pedido que la Junta Directiva se pronuncie y en caso de no tener respuestas acudirán a instancias internacionales como la Corte Centroamericana de Justicia, la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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