Ramón H. Potosme, Tania Sirias y Emiliano Chamorro
El ingeniero Agustín Jarquín Anaya dijo que no acatará la resolución del Consejo Supremo Electoral que lo despoja de su diputación. Esperará a ver qué decide la Asamblea Nacional, que a su juicio no debe permitir que otro poder del Estado le quite las facultades que son exclusivas del parlamento. En ese sentido, el próximo 13 de agosto, cuando regresen de vacaciones parlamentarias, asistirá en calidad de diputado.
Jarquín considera que la resolución del poder electoral abre un conflicto de poderes por lo que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional debe pronunciarse sobre el caso.
“El ingeniero Jarquín no tiene por qué ser destituido, porque el poder electoral es espurio de facto”, dijo Chamorro Barrios.
Los casos a los que se refiere Chamorro Barrios son los diputado Juan Ramón Jiménez y Mario Valle del MRS que en la legislatura anterior se pasaron al FSLN.
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Para el legislador socialcristiano se trata de un atropello y un “mamotreto” en una acción “delincuencial de parte del CSE pues tanto la Constitución, la Ley Electoral como la Ley Orgánica del Poder Legislativo abren la posibilidad a que cualquier legislador se cambie de bancada si así lo decide”.
Indicó que le señalan premisas falsas puesto que nunca se ha cambiado de partido y que él fue electo en el marco de una alianza entre su partido la Unión Demócrata Cristiana (UDC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
CSE OPERA FUERA DE LA LEGALIDAD
El coordinador del Partido Liberal Independiente (PLI), Eduardo Montealegre, expresó que este Consejo Supremo Electoral opera fuera de la legalidad. Además dijo que seguirán trabajando para fortalecer a sus aliados y no permitirán la defenestración de Jarquín Anaya.
Montealegre recalcó que “no acepta ni propone” la destitución de cualquier otro diputado, en particular los diputados Mauricio Montealegre y Santiago Aburto, los cuales dejaron la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), “pues sería aceptar la ilegalidad del CSE”.
Anunció que tomarán acciones “jurídicas y políticas” a nivel nacional e internacional, para denunciar este hecho absurdo. “Entre estas acciones está llevar el caso hasta la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Parlamento Centroamericano, al Parlamento Europeo”, indicó Montealegre.
El jefe de la BDN, Luis Callejas, calificó como un atropello la actuación del poder electoral, pues está invadiendo funciones del poder legislativo. Además brindó su respaldo al diputado Jarquín Anaya y dijo que este asumirá su escaño el próximo 13 de agosto, cuando concluya el receso legislativo y no descarta un posible enfrentamiento policial.
Al insistir si se diera el caso de expulsar a Jarquín Anaya del parlamento, el jefe de bancada reaccionó diciendo que no sería la primera y lo que podría haber es “un bochinche”. “Ya nos mandaron una vez a los antimotines y eran grandotes, uno para cada uno”.
Para el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor René Sándigo, los casos de Jarquín Anaya y de la exdiputada Xochilt Ocampo Rocha demuestran que en Nicaragua no se respeta la institucionalidad ni el Estado de derecho.
Sándigo considera que con los casos del diputado Jarquín Anaya y la diputada Xochilt Ocampo ya no existe respaldo jurídico y, por lo tanto, la gente no puede sentirse segura.
Lo sucedido a los exdiputados, a criterio de Sándigo, “tiene que poner en alerta a todos los (funcionarios) que se mueven en cargos públicos ligados con cargos gubernamentales, porque si saben que su postura no conviene terminarán desligados de sus cargos.
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