Roberto Mora
La señora de 58 años, del barrio 3 de Mayo, del municipio de Quilalí, departamento de Nueva Segovia, fue condenada a 18 meses por el delito de posesión de estupefacientes.
Roberto Petray informó que la ANPDH reportó que en los últimos días suman ya siete detenciones ilegales. El fin de semana un abogado de Estelí también denunció que su defendido estaba detenido ilegalmente desde hace un mes y que el alcaide no quería liberarlo.
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De mantener bajo secuestro a ciudadanos nacionales y extranjeros que deberían estar en libertad, según órdenes judiciales, señaló el representante de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, al director del Sistema Penitenciario Puertas de la Esperanza.
LA PRENSA intentó obtener la versión del director de este sistema penitenciario, alcaide Manuel Muñoz, pero mientras unos oficiales pidieron que regresáramos a las 2:00 p.m. otros trataban de impedir que se tomaran fotografías aduciendo que era prohibido. Finalmente dijeron que no estaba.
Uno de los oficiales tomó los datos de los periodistas que estaban en busca del alcaide, mientras tomaba notas aparentemente de placas y otros.
OTRO DESACATO
Este lunes la señora Natalia Cruz, quien tiene más de 14 años de vivir en Nicaragua, buscaba interponer un recurso ante el Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias, en contra del alcaide quien se negó a dejar salir a su hijo Germán Gustavo Castro que tiene orden de libertad emitida por la Corte Suprema de Justicia.
Castro fue condenado por el delito de violación en Ocotal, Nueva Segovia, sin embargo después de todo el procedimiento legal finalmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se pronunciaron y ordenaron su libertad.
“El señor alcaide no lo quiso entregar aduciendo que él tenía que hacer algunas averiguaciones y que él se tomaba el tiempo que fuera necesario”, refirió la señora Natalia Cruz.
Por su parte Roberto Petray, representante de la ANPDH, aseguró que acusarán ante la CSJ al alcaide Manuel Muñoz y a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, por atribuirse funciones que no tienen, ya que las sentencias judiciales son de ineludible cumplimiento.
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