La sociedad nicaragüense en general debería tener una verdadera seguridad ciudadana y jurídica que garantice la tranquilidad de los ciudadanos. Que no haya temor de ningún tipo: ni sufrir daños físicos ni perder sus bienes por fechorías institucionalizadas.
Pero el turismo, uno de los motores de la economía del país, requiere más atención por cuanto de este rubro se obtienen ingresos importantes y además es una de las tribunas desde las cuales se proyecta la imagen de Nicaragua a nivel mundial.
El pasado 5 de junio escribí que el Gobierno apuesta a que los ciudadanos tengan una percepción positiva en todos los ámbitos. No importa cuáles sean los resultados (lo cual es grave), el asunto es que el eje transversal debe ser que la población sienta que muchas cosas se están haciendo bien. Pensar y actuar deliberadamente así desde del poder es dañino por cuanto no se garantizan derechos fundamentales de los nicaragüenses y de los extranjeros que visitan Nicaragua en busca de paz, tranquilidad, armonía y una inmejorable hospitalidad.
Planteo lo anterior porque es muy preocupante ver lo que está pasando en dos sectores turísticos importantes del país, como son San Juan del Sur, en el departamento de Rivas, y la ciudad de Granada, donde los turistas han sido víctimas de los delincuentes que andan tranquilamente en medio de la gente, agreden, roban, escapan y la sensación de impotencia e inseguridad que causa a nacionales y extranjeros es enorme. Las primeras preguntas que saltan son: ¿Y la Policía dónde está? ¿Qué hace por mantener la seguridad ciudadana es estos lugares turísticos? ¿Los impuestos que cobra el fisco no son retribuidos en verdadera seguridad ciudadana?
Ciertamente el turismo moderno, de calidad, competitivo y con oferta variada, se construye con financiamiento, capacitación y tecnología, pero uno de los pilares fundamentales de este rubro es la seguridad ciudadana y jurídica. Si en San Juan del Sur, Granada u Ometepe un nacional o un extranjero son agredidos físicamente o asaltados bajo amenazas, no volverán a estos lugares y con el poder que tiene ahora la internet, en cuestión de segundos el descrédito de estos lugares se proyecta a nivel mundial. Y ahí nos vamos todos: los ciudadanos, el Gobierno, la Policía, empresarios turísticos, nuestra economía y la imagen del país que tanto ha costado mejorarla.
El pasado 21 de junio, el corresponsal de LA PRENSA en Rivas, Ramón Villarreal Bello, publicó un trabajo especial sobre la inseguridad en San Juan del Sur y en el mismo expuso que desde hace más de cinco años los dueños de negocios turísticos y extranjeros residentes en este bello lugar han denunciado los constantes robos de que son objetos los turistas cuando transitan hacia otras playas de ese municipio. Preocupa que no hay acciones, ni respuesta inmediata al problema. La Cámara Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur) estima que semanalmente ocurren 11 robos a turistas en estos sitios.
Este problema incumbe al Gobierno central, a la Policía de Rivas, a la Alcaldía de San Juan del Sur, a los residentes, dueños de negocios y ciudadanos. Estos últimos tres sectores han hecho un arduo trabajo por garantizar la seguridad, pero las autoridades no brindan la atención requerida para frenar el flagelo. Sanjuaneños sigan batallando contra el delito y la negligencia institucional.
En un informe de la oficina de seguridad del departamento de Estado de los Estados Unidos emitido el año pasado se hace el llamado a sus ciudadanos a tener cuidado al visitar ciertos lugares de Nicaragua, a los que señala como críticos por los asaltos de enmascarados con armas de fuego y machetes, los que emergen de las orillas de las carreteras, ponen troncos o ramas de árboles en los caminos y luego atracan.
Otros de los lugares turísticos en los que se generan actos delictivos y la Policía no pone mano dura es en Granada. El esfuerzo por tener seguridad debe ser de todos, pero quienes tienen en sus manos la ley y el orden son los primeros obligados a garantizar la tranquilidad.
Estos casos se deben tomar como una seria advertencia en la isla de Ometepe, donde todavía se goza de seguridad ciudadana, pero no está exenta de la vorágine delictiva del país. En Ometepe, la Policía, el Ejército, los alcaldes, los empresarios turísticos y los ciudadanos en general deben impulsar sus propios mecanismos para brindar esa seguridad anhelada y que ese calificativo de Oasis de Paz se mantenga. La condición geográfica es una ventaja que tienen los isleños para tener esa seguridad. Allá no es sencillo cometer un delito y escapar rápidamente, a menos que los delincuentes tengan sus lanchas rápidas y rebasen a la Fuerza Naval. Los empresarios turísticos y los ciudadanos de San Juan del Sur, Granada, Ometepe, León, el norte del país y donde sea, deben mantener su lucha por la seguridad, cueste lo que cueste.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
