Hace un par de semanas, mientras la mitad del país estaba preocupada por la aprobación a toda prisa de la Ley del Canal de Nicaragua y la otra mitad estaba atenta a lo que pasaba con la valiente lucha de los “viejitos” y el apoyo que les daban los no menos valientes jóvenes de #OcupaINSS, el Ejecutivo aprovechó para pasar por la Asamblea Nacional una curiosa ley que entre otras “peculiaridades” venía a legalizar un contrato que se había hecho de antemano.
Me refiero a la llamada popularmente “ley de escáneres” que otorgó a una empresa panameña un contrato por 15 años para administrar unos gigantescos escáneres que revisarán toda mercadería que entre, pase en tránsito o salga del país y que de ser calificada como tal deberá pagar el 0.26 por ciento de su valor. Nadie duda en la necesidad de modernizar las aduanas y agilizarlas, pero seguro esta no es la mejor manera.
Si 0.26 por ciento suena poquito, veámoslo anualmente. En el 2012, por ejemplo, las importaciones más las exportaciones (incluyendo zona franca) sumaron poco más de 10,000 millones de dólares, el 0.26 por ciento son unos 26 millones de dólares.
Y aquí viene el manjar. En cumplimiento con el contrato que establece que de todo lo que esta empresa recaude va a dar el diez por ciento a la Dirección General de Aduanas y se quedará con el noventa por ciento, entonces vemos que con el ejemplo de 2012 esta gente se va a quedar con 23.4 millones de dólares y a la DGA le va a dar la migaja de 2.6 millones de dólares.
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El “gran” argumento que tiene el Gobierno para dar semejante negocio a una empresa panameña es que la DGA no tiene los fondos para comprar las siete máquinas que necesita para equipar las aduanas. Cada máquina cuesta poco más de tres millones de dólares o sea que las siete cuestan poco más de 21 millones de dólares. Con el ejemplo de las importaciones y exportaciones del 2012 vemos claramente que Aduanas necesitaría un año para recuperar su inversión.
No tiene sentido entregar a una empresa por 15 años una concesión para que te dé apenas el diez por ciento de lo recaudado cuando recupera su inversión en doce meses y luego vienen catorce años de ganancias.
Si las importaciones y las exportaciones se mantuvieran estables a la cifra del 2012 —estamos claros que no es así, pero para usarlo como ejemplo— en los 15 años de concesión, Aduanas apenas recibirá 39 millones de dólares, mientras la empresa panameña se habrá embolsado 350 millones de dólares. ¿En qué cabeza cabe semejante absurdo?
Pero todavía si aceptáramos el argumento de que la DGA no tiene el dinero, esa entidad podría contratar a una empresa que sí lo tenga pero 1.- Por ley no puede delegar que sea esa empresa la que recaude ya que el recaudador es la DGA y 2.- Estoy seguro que si este servicio se hubiera licitado, el beneficio para el Estado de Nicaragua, o sea, para los nicaragüenses, sería mucho mayor, ciertamente no sería noventa por ciento para la empresa y diez por ciento para la DGA.
Sin embargo, desde que asumió el poder el ahora presidente inconstitucional Daniel Ortega aquí no se licita absolutamente nada. Hace poco alguien se preguntaba con asombro en un medio por qué la concesión para la construcción y manejo del Canal no se había licitado y la respuesta es simple, aquí el Gobierno desde hace más de seis años no licita nada.
Uno de los argumentos es que en Nicaragua “nadie está haciendo fila para invertir”, pero la verdadera razón es que aquí “nadie hace fila para invertir” porque solo este tipo de negocios turbios surgen, donde todo está amarrado de antemano, donde el Poder Judicial es un perro faldero del Ejecutivo y donde la Contraloría General de la República se ha convertido en una planta en una macetera y una planta bastante cara porque recibe plata del presupuesto, la usa, pero de resultados, nada.
La verdad es que los orteguistas no dan puntada sin dedal y no creo que este fabuloso negocio lo hayan aprobado solo para ayudar a una empresa panameña a hacer unos “bollitos”.
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