Elízabeth Romero
A pocas horas de que inicie la concentración partidaria para el repliegue a Masaya impulsada por el Frente Sandinista, el dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, aseguró que según denuncias de empleados públicos de Managua y Masaya han sido obligados a participar en esa actividad bajo amenazas de despido.
Se ha llegado a l extremo de convocar a los empleados públicos a través de un listado de parte de los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), en cada instituciones. Y en la mayoría de los casos incluso a aportar cuotas que van desde 50 córdobas hasta 200 córdobas, para asumir el traslado, denunció Leiva Sánchez.
El dirigente sindical manifestó que, por temor a ser despedidos los empleados afectados se limitan a hacer las denuncias de forma verbal. La Fedetrasep monitorea en más de 70 instituciones del Estado la estabilidad laboral y refirió el dirigente sindical que ha recibido llamadas de la Alcaldía de Managua, donde hay más de 20 autobuses estacionados y con el listado respectivo de los empleados municipales que deben participar en la convocatoria que hizo el presidente inconstitucional Daniel Ortega, también mencionó casos en el Ministerio de Transporte e Infraestructura( MTI), en el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor), y en el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, entre otros.
Leiva lamentó que el gobierno utilice nuevamente a los empleados públicos sin respetar sus derechos constitucionales, tras aclarar que él no se opone a que celebren el repliegue como fecha histórica pero critica que sean obligados a participar a una actividad que ha tomado carácter partidario por el gobierno de turno.
El profesor Arsenio Vivas, de la Confederación de Maestros de Nicaragua, también denunció que en Masaya los directores de colegios son los presionan a los maestros a participar con carácter de obligatoriedad bajo amenazas de despidos. Ellos deberán asistir junto a los alumnos de quinto año.
Vivas dijo que han aclarado a los educadores que «no tengan miedo» y no acaten esas directrices pues no los pueden obligar a participar según las leyes que los protegen pues el repliegue «es parte de una manifestación política partidaria».
