Durante varios días se ha instalado como noticia dominante en todos los medios de comunicación del país, el tema del Canal Interoceánico por Nicaragua. Efectivamente, la información sobre el Canal y de manera particular la discusión y aprobación de la ley que establece las condiciones de la concesión a la empresa HK Nicaragua Canal Development, seguido de la firma del acuerdo marco con el representante de la empresa, no solo ha suscitado el interés, sino provocado la reacción crítica de un considerable sector de la ciudadanía nicaragüense.
No obstante hay que decir, que la reacción no ha sido por la construcción del Canal, el que, de realizarse adecuadamente, se considera un paso de gran importancia en el desarrollo del país y la culminación de un sueño de vieja data, sino por la forma como se ha procedido y por los contenidos de la ley aprobada que lesiona la soberanía y los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política.
La circunstancia en la que se produce la concesión para la construcción del Canal ha generado, en muchos casos, justa indignación y la exigencia de que se aclare una serie de situaciones obscuras y que se cumplan con los mínimos institucionales establecidos por la Constitución y el sistema legal nicaragüense.
Entre los diferentes elementos que conforman esta cuestionable y confusa circunstancia podrían mencionarse: desinformación general, falta de análisis y discusión pública sobre el proyecto, ausencia de una necesaria consulta sobre el mismo, desconocimiento sobre la empresa que recibe la concesión, duda surgida sobre una eventual o supuesta participación indirecta del Gobierno de China Continental, incertidumbre sobre el lugar en el que se espera construir el Canal, violación de la soberanía nacional, violación a la Constitución Política por la transgresión a la soberanía que es un elemento constitutivo y de identidad del Estado-Nación nicaragüense, y por el establecimiento de un régimen de privilegios legales para quien recibe la concesión, en perjuicio de los derechos y garantías fundamentales de las personas.
Además, se comprometen las reservas del Banco Central de Nicaragua y se establece un régimen de excepción en beneficio de la empresa, en tanto puede vender, donar, enajenar a terceros sin participación alguna del Estado nicaragüense y deja sin protección a los ciudadanos los que corren el riesgo de ser expropiados y hasta confiscados cuando así lo requieran los intereses del proyecto, determinados por la parte interesada.
A lo anterior habría que agregar un elemento fundamental como es el riesgo inminente de un severo daño ecológico, que pondría en peligro la existencia útil del lago de Nicaragua y el perjuicio devastador de las condiciones mínimas de las zonas vecinas en lo que concierne a su situación medioambiental. En medio de todo, resulta increíble y, por supuesto inaceptable, que la Asamblea Nacional haya conocido, discutido y aprobado en dos días, con sesenta y un votos de la bancada del partido de gobierno, la mencionada ley marco sin el sustento necesario de los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto y sin un previo debate de carácter nacional alrededor del tema.
Sin perjuicio de la significación fundamental que el hecho de la concesión tiene en sí mismo, lo ocurrido nos lleva, además, a algunas consideraciones generales que se derivan de esa situación específica.
La situación que estamos viviendo nos obliga a reafirmar que es absolutamente necesaria la presencia de la ciudadanía, sobre todo cuando se trata de decisiones como las que estamos analizando. La ciudadanía tiene no solo el derecho, sino sobre todo el deber de expresar su punto de vista y hacer sentir su posición sobre asuntos que conciernen a la vida nacional y al destino del país. No hay que olvidar que política viene de polis que significa la conjunción del Estado-ciudad, la sociedad y el individuo, en la búsqueda de las decisiones que conciernen a la comunidad en general.
En este sentido, se debe asumir que la política no es ejercicio de pocos, sino responsabilidad de todos; no es la técnica de la concentración del poder, sino el arte del bien común. El tratamiento de la situación actual exige la búsqueda de esa originaria y siempre nueva naturaleza de la política. Su análisis y crítica deben ser parte fundamental de su reflexión y acción. En ello estriba lo concreto de la acción política. No podemos ni debemos guardar silencio ante la situación que estamos analizando; hacerlo sería situarse en la periferia de los acontecimientos, marginados de la historia y de la construcción del presente y futuro de nuestro propio país.
Es necesario rechazar cualquier forma vertical de pensamiento o acción, proveniente del Estado, partidos o grupos económicos y políticos y reafirmar una visión de la política, la economía y la cultura a partir de la participación cada vez más significativa, de grupos y asociaciones de la sociedad civil con intereses, a la vez puntuales y generales, desde cuya raíz, y en cumplimiento de una obligación ciudadana, contribuyan a operar significativas transformaciones en el Estado, los partidos políticos, el mercado y la función económica.
Se debe trabajar por un acuerdo básico de ciudadanía con la participación de las organizaciones políticas y la sociedad civil, a fin de construir una plataforma de pensamiento y acción cuyos contenidos sean la reivindicación de la democracia, la consideración de la opinión pública en la toma de decisiones trascendentales, la reafirmación de la libertad y la pluralidad, el reconocimiento de las diferencias y diversos puntos de vista, no solo como algo inevitable sino deseable, y la lucha por la justicia social, entre otros valores de común reivindicación.
En el caso específico que nos ocupa, creo que es ese el sentido que debe dársele al llamado que ha hecho y continúan haciendo ciudadanos nicaragüenses, entidades de la sociedad civil y algunas organizaciones políticas ante la decisión de la construcción del Canal Interoceánico. De esa forma y a partir de la situación planteada, la ciudadanía debe devenir cada vez más en cuerpo participativo que con su acción organizada contribuya a buscar soluciones apropiadas a los múltiples problemas que afectan la vida del país, ejerciendo así una auténtica función política y moral que por derecho y por deber le corresponde.
Si la concesión para la construcción del Canal en vez de unir desune y contrapone, la reacción en contra del autoritarismo, riesgo ecológico y violación de la Constitución, que de ella se desprende, debe unir sociedad civil y organizaciones políticas en la reivindicación de la soberanía y los derechos fundamentales del ciudadano. El autor es jurista y filósofo nicaragüense
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