Lucía Navas
Los cálculos preliminares del sector privado nicaragüense indican que la empresa Alvimer Internacional y Compañía Limitada ganará millones por los 15 años de concesión del sistema de inspección por escáner en las aduanas que le entregó el Gobierno de Nicaragua.
Las estimaciones son que Alvimer Internacional invertirá unos 22.4 millones de dólares en los siete escáner a instalar en el mismo número de puestos aduaneros. Cada escáner está estimado a un valor de 3.2 millones de dólares.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), aclaró que los números los van a revisar los equipos de la entidad, pero que los cálculos preliminares de las Cámaras asociadas indican que la inversión que hará la empresa, con sede en Ciudad de Panamá, será recuperada en un año y tres meses.
Según los números del Cosep, por el cobro del servicio de escáner en las aduanas, se obtendrían anualmente 18 millones de dólares. Eso significa que en 15 meses la empresa Alvimer Internacional recuperará los 22.4 millones de dólares invertidos. Una vez alcanzado el retorno de la inversión, el Cosep advierte que en los siguientes 13 años y nueve meses restantes, de los 15 años de concesión, esta compañía obtendría millonarias ganancias.
De todo el dinero que recaude la empresa Alvimer Internacional solo pasará el diez por ciento a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). Es decir que en 15 años la compañía generará en total 270 millones de dólares, pero solo entregará a la DGA unos 27 millones de dólares. La ganancia, que le quedará al restar lo invertido, andaría por 220.6 millones de dólares.
Aguerri dijo que insistirán con la Presidencia de la República para que se corrija el mecanismo de cobro por el servicio en las aduanas, de tal forma que sea por una tasa fija y no un porcentaje al valor total de la mercancía que se declare.
La Ley de Inspección No Intrusiva (por escáner) en las aduanas creó el cobro de 0.26 por ciento sobre el valor de la carga declarada en las aduanas.
APEN PREOCUPADA
Las Cámaras empresariales de Nicaragua están a la espera que el Gobierno publique dicha ley, para proceder a interponer la demanda contra el Estado ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Enrique Zamora, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores (APEN), dice que dicha acción legal busca que se ordene al Estado de Nicaragua, que la ley es inaplicable por violar una serie de normas del comercio regional e internacional.
También que “es un costo directo que vendrá a encarecer las exportaciones por ser adicionales” , además que encarecerá los precios de los productos que se vendan internamente en el país.
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