Lucía Navas y Humberto Galo
La indefensión en la que parecen estar quienes compran casas en los residenciales ante daños que la propiedad sufra, por ejemplo en eventos como las inundaciones, cuando se deba a una mala construcción, se subsanará en la nueva Ley de Defensa de los Consumidores.
Aunque bastante cercenada en los derechos que originalmente se daban a los usuarios, permanece en la ley la obligación de los urbanizadores de reemplazar con una casa en las condiciones y características exactas que se pacten, cuando el bien en sí o el residencial donde se ubique sean defectuosos.
PODRÁ DEVOLVERLA
El artículo 52 del proyecto de ley se refiere a vicios ocultos en las viviendas y en su segundo párrafo establece que “en caso que el inmueble no admita reparación alguna, el consumidor tendrá derecho a que se le reemplace el bien en igual calidad y características o a rescindir el contrato con la urbanizadora”.
La limitante que queda es que si la casa está hipotecada con un banco no se puede rescindir del contrato. Wálmaro Gutiérrez, diputado sandinista y presidente de la Comisión Económica, justifica que esto se deja “para proteger los depósitos del público”, que es de donde los bancos están financiando los créditos de vivienda.
Pero el legislador aclara que se podrá rescindir del contrato de compra de una casa cuando el financiamiento lo hace directamente el urbanizador y no se vincula con un banco.
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Pero, ante las eventuales demandas judiciales contra las empresas urbanizadoras por mala calidad en la construcción, el directivo gremial no cree que sea la salida.
Meléndez insiste que previo a iniciar cualquier proyecto se hacen estudios y análisis que toman en cuenta los riesgos de vivir en un país altamente vulnerable, los cuales son avalados por las alcaldías para su implementación.
“Eso significa que porque hay fallas sísmicas en toda Managua, ¿la Alcaldía no debería emitir permisos para dejarte construir? No. Lo que se deben hacer son diseños correctos y todo estos proyectos (urbanizaciones) han sido bien planificados”, insiste.
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EL DERECHO DE REPOSICIÓN
“No es que no les des ninguna salida en el caso de que existan créditos hipotecarios que respalden la vivienda, porque se deja claramente que existe el derecho de reposición total del inmueble en caso que este no sea posible habitarlo. Por tanto, no es cierto que te van a obligar a morir ahogado en una casa que adquiriste en una de esas residenciales que hemos visto que han sido seriamente afectadas por las lluvias”, asegura.
Otro cambio importante en el negocio inmobiliario es que las urbanizadoras deberán otorgar dos años de garantía en el contrato de las casas que venda, tiempo en el cual el usuario podrá presentar reclamos por “vicios ocultos que afecten la calidad o posibilidad de su uso”. Aunque inicialmente la extensión era a tres años.
Un mecanismo que se eliminó fue el reaseguro obligado a las urbanizadoras para asumir los daños en los residenciales, como en casos como las inundaciones. La Cámara de Urbanizadores (Cadur), la Asociación de Aseguradoras y el mismo Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) argumentaron que este reaseguro haría elevar el costo de la vivienda.
CÚPULAS PRESIONANPARA RETRASAR LEY
El hecho es que la propuesta Ley de los Consumidores está dictaminada desde hace par de semanas. Sin embargo, no ha sido incluida en la agenda de leyes a aprobar el plenario de la Asamblea Nacional.
La información que se maneja es que las cúpulas empresariales intentan que se retrase el mayor tiempo posible la aprobación de la Ley de los Consumidores. Las negociaciones apuntan a que se eliminen las exigencias a los urbanizadores.
RESIDENTES DAN PLAZO
Mientras, Cadur hasta mañana dirá qué postura asume ante los reclamos de los pobladores de varias de las casas en los residenciales dañadas por las inundaciones de la semana pasada, los afectados se alistan a proceder legalmente contra los empresarios.
Los habitantes del residencial Valle Santa Rosa, ubicado en Ciudad Sandino, dieron de plazo hasta mañana a la empresa Desarrollos Urbanos de Centroamérica para que asuma las pérdidas materiales causadas por las aguas que anegaron sus casas.
Los pobladores señalan que la empresa diseñó mal la construcción del residencial, ya que varias de las casas de la segunda etapa fueron levantadas en un terreno colindante a un cauce natural. Este cauce se desbordó con las lluvias del miércoles pasado provocando que la fuerte corriente tumbara parte del muro perimetral y las aguas anegaran 32 viviendas del residencial.
“Mañana martes tenemos una reunión a las 2:00 p.m. con los representantes de la urbanizadora. Si de este encuentro no sale humo blanco, esta misma semana entablaremos la demanda judicial”, afirmó Gema Vargas, representante de la junta de vecinos del residencial.
A lo inmediato, la exigencia es que el urbanizador construya un muro perimetral fuerte y un sistema de drenaje pluvial verdaderamente funcional.
CASAS PIERDEN VALOR
Xiomara Soto Velásquez, otra habitante del lugar, criticó que debido al mal diseño de la urbanización las propiedades están perdiendo valor catastral y, aunque su casa se ubica a varios metros de donde se dieron las anegaciones, refiere que la lluvia también le afecta.
“El año pasado yo hice un avalúo de mi propiedad y el ingeniero que contraté me informó que la casa pierde valor catastral debido a que está cerca de un cauce que la urbanización construyó y que luego cerró para evitar que el agua desembocara en el barrio que colinda con el residencial”, explicó Soto.
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