Elízabeth Romero
Esta situación ha causado el rechazo del gremio periodístico que el miércoles reclamó, frente a la Corte Suprema de Justicia, el respeto al derecho a la libertad de expresión y de prensa. Una queja fue presentada formalmente contra el vocero del poder judicial, Roberto Larios.
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Organizaciones de derechos humanos criticaron la posición ligera asumida por la presidenta de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, sobre el atropello enfrentado por un equipo periodístico de LA PRENSA, el pasado viernes, en el Complejo Judicial de Managua.
Ramos ridiculizó la agresión al fotógrafo Manuel Esquivel, víctima de los guardas de seguridad que lo sacaron a la fuerza de los juzgados.
“Es parte de un cierto show también”, refirió el miércoles Ramos a un grupo de periodistas, ante quienes aseguró que “hasta ahora, con los únicos periodistas que hemos tenido problemas ha sido con los de LA PRENSA y quiero decirles que también no es cierto que a ese señor lo tiraron al suelo, él se tiró al suelo”.
El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, estimó que Ramos, antes de hablar, debió ordenar primero una investigación de lo que realmente ocurrió en el complejo judicial.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, también criticó la posición de Ramos.
Recordó que otros magistrados del poder judicial ya habían externado su opinión al respecto, pero fueron más mesurados, lo que debió haber hecho Ramos.
A criterio de Cuevas, por la investidura que tiene la magistrada de facto, “todo lo que hace o deja de hacer es un mensaje para sus subalternos”.
Consideró el abogado de la CPDH que, tras la agresión sufrida por Esquivel y la periodista Martha Vásquez, por parte del vocero judicial Roberto Larios, la labor del gremio está más en riesgo, luego del criterio emitido por Ramos.
Petray considera que lo expresado por Ramos imita el autoritarismo demostrado por el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega: “El Estado no puede coartar el derecho de informar”.
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