Gloria Picón Duarte
Mañana se cumplen 15 días hábiles desde que los concejales liberales del municipio de Rancho Grande presentaron ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) la certificación del acta de la primera sesión del Concejo Municipal en la cual destituyeron a la alcaldesa María Isabel González, sin embargo hasta ahora el órgano electoral no se ha pronunciado.
Alfredo Zamora, coordinador y concejal suplente del Partido Liberal Independiente (PLI) dijo que el CSE debe pronunciarse a más tardar mañana, por lo que aún están a la espera de una solución mientras la administración del municipio continúa bajo la ilegalidad.
Sin embargo Jiménez reiteró que lo más indicado es que opositores y oficialistas se sienten y vean cuáles son los puntos de coincidencia que tienen por el desarrollo del municipio.
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Por otra parte, los oficialistas enviaron otra certificación desconociendo a los 12 concejales liberales, lo cual para Zamora es ilógico, porque no puede una minoría destituir a la mayoría. “Lo que se hizo es improcedente, porque además ella (la alcaldesa) ya fue desconocida y su voto está en cuestión al igual que el de la secretaria interina, así que de los 11 oficialistas se redujeron a nueve”.
CAUSAL DE DESTITUCIÓN
La alcaldesa fue destituida conforme al artículo 24 de la Ley de Municipios que señala como causal de destitución el no haber convocado a sesión municipal dentro de los primeros sesenta días. Sin embargo los oficialistas desconocieron la destitución y el CSE no se pronuncia.
El diputado Javier Vallejo, dijo que la ley establece que el CSE tiene 15 días para resolver, pero que en lo personal cree que no va a haber respuesta.
“Según la línea que tiene el Consejo Supremo Electoral espurio, no va dictar ninguna resolución a favor de la oposición. Ojalá no hagan algo como resolver a favor de un Concejo Municipal de minorías y electos ilegalmente. Todo apunta a que desconozcan las dos certificaciones y llamen a un arreglo político”, manifestó Vallejo.
BUSCAR NEGOCIACIÓN
En ese sentido el diputado Juan Ramón Jiménez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Municipios, señala que la Ley 40 determina que los municipios son administrativamente, políticamente y financieramente autónomos y que lo más saludable es que los opositores y oficialistas busquen una salida política por el bien del municipio.
Cabe señalar que los oficialistas (11) hasta el pasado 4 de mayo, día en que los opositores (12) destituyeron a la alcaldesa, no habían convocado a sesión municipal, porque estaban en minoría y no quieren permitir que los liberales ocupen la secretaría del Concejo Municipal, ni la presidencia de las comisiones.
En busca del control total, los oficialistas se han encargado de presionar, desprestigiar, chantajear y hasta amenazar con cárcel a los opositores, sin embargo estos no han cedido y han manifestado que se mantendrán firmes.
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