Caracas/EFE
La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por supuestas torturas y detenciones ilegales llevadas a cabo por el Gobierno de Nicolás Maduro en los días posteriores a las elecciones del 14 de abril.
El director del Foro, Alfredo Romero, explicó hoy en Caracas los detalles de la denuncia, que fue presentada ante la fiscalía de la CPI el miércoles pasado.
«En total son 194 casos, detenciones que incluyen maltratos físicos y psicológicos a los detenidos», dijo Romero a EFE.
El Foro denunció «un patrón sistemático, una política de Estado, para intimidar a un sector determinado de la población civil, que en este caso es la disidencia», agregó.
Romero sostuvo que las detenciones se produjeron el 15 y 16 de abril, en los días de mayor violencia postelectoral en el país tras el ajustado resultado de las elecciones, y estuvieron concentradas en los estados Lara (centro-oeste), Carabobo (centro-norte) y Barinas (sur-occidente).
El directivo aseguró que a los detenidos se los sometió a torturas físicas, como orinarles sobre su cuerpo, y maltratos psicológicos, como hacerles cantar consignas favorables al Gobierno.
«Toda agresión o maltrato físico o psicológico en un centro de detención es tortura en el concepto internacional de tortura», afirmó Romero.
Las calles de Venezuela fueron escenario de incidentes luego de que el estrecho resultado de las elecciones, que dieron el triunfo a Maduro sobre el candidato opositor Henrique Capriles, diera paso a una crisis política y a protestas para reclamar una auditoría del proceso.
Según el Gobierno, los incidentes dejaron al menos nueve muertos y fueron causados por los llamados de la oposición a protestar contra la estrecha victoria del candidato oficialista y ahora presidente.
A su vez, la oposición ha tomado distancia de los disturbios y ha acusado al Gobierno de estar detrás de ellos.
Romero señaló que en la denuncia se recopilan todos los antecedentes «pero no se acusa a nadie», y que es tarea de la fiscalía de la CPI, que no tiene plazo para pronunciarse, investigar «quiénes son los responsables» de las detenciones para formular una eventual acusación.
La presentación incluye también el caso del general retirado y actual militante opositor Antonio Rivero, quien permanece detenido desde el 27 de abril en el marco de una investigación judicial de los hechos violentos ocurridos tras las elecciones.
Rivero suspendió ayer una huelga de hambre que había iniciado el día de su detención.
