Luis Eduardo Martínez M.
Gutiérrez dijo que solo como ATC son aproximadamente cinco mil mujeres demandantes de tierra, “pero si sumamos todas las organizaciones llegamos a una suma bastante elevada”.
De la Ley 693 indicó que es urgente que en las municipalidades del país sean conformadas y funcionen las Comisiones Municipales de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Comussan).
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Eva Rodríguez Rodas ha procurado diversificar la pequeña parcela que posee en Wasaka Arriba, una comunidad de El Tuma-La Dalia, en el departamento de Matagalpa. “Sembramos frijol, maíz, plátano, tengo bien bonita mi parcela”, comenta orgullosa.
Sin embargo, lamenta que aún carece de documentos que le otorguen derechos de dominio sobre la propiedad, a pesar de haber realizado múltiples gestiones para la legalización de 53 manzanas de tierra, que han sido distribuidas entre 35 mujeres socias de la Cooperativa Juan Treminio.
Rodríguez preside esa cooperativa y exhorta directamente a la pareja presidencial a que les apoyen con los títulos de las parcelas, también con la construcción de un galerón para fabricar bajo techo los canastos que las cooperativistas venden a los productores para la recolección del café en la zona.
Ella estuvo en una asamblea de cooperativistas, esta semana en Matagalpa, y explicó que una parte de las socias ni siquiera posee tierras y “tienen que alquilar a otros que tienen, aunque sea un pedacito”.
Igual ocurre con la Cooperativa de Mujeres Productoras de Río Blanco, donde solo 35 de 74 socias tienen tierras. Las demás deben alquilar, sostiene Adilia Vega, presidenta de la organización dedicada a la producción de diversos rubros.
“La familia tiene voluntad de trabajar pero no tiene la tierra”, dice Vega, explicando que hay leyes aprobadas hace años, pero que siguen sin cumplirse, tales como a Ley creadora del fondo para compra de tierras con equidad de género para mujeres rurales, más conocida como Ley 717; también está la Ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, Ley 693, así como una reforma a la Ley general de cooperativas, Ley 499, para que en esta sea incluida la equidad de género.
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