Tegucigalpa/ACAN-EFE
La Comisión Interventora del Ministerio Público, creada el pasado martes por el Parlamento de Honduras, inició hoy su trabajo, que consistirá en hacer más eficiente al organismo.
La junta la preside la directora del Centro Regional del Litoral Atlántico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), María Antonia Navarro, quien dijo hoy en rueda de prensa que entre las primeras actividades está previsto reunirse con el fiscal general del Estado, Luis Alberto Rubí, posiblemente mañana.
Los otros miembros de la comisión interventora son Lino Tomás Mendoza, dirigente del opositor Partido Liberal, y la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Miriam Guzmán.
El grupo de trabajo también prevé reunirse con el fiscal general adjunto, Roy Urtecho, quien con Rubí estarán suspendidos de sus cargos durante los 60 días que tiene de plazo la comisión para presentar un informe sobre la situación en el Ministerio Público.
Navarro indicó que ya se comunicó con Rubí para pedirle audiencia y definir la colaboración que se requerirá para el trabajo de la Comisión Interventora del Ministerio Público, y que más adelante se reunirán con los fiscales regionales y coordinadores de las fiscalías en Tegucigalpa.
La intervención del Ministerio Público es cuestionada por algunos sectores, incluido el que fuera el primer fiscal general, ngel Edmundo Orellana, quien hoy dijo a periodistas que se trata de un hecho «ilegal» e «inconstitucional».
Orellana considera, además, que en 60 días la comisión ni siquiera podrá conocer todo el Ministerio Público, y lamentó que el poder legislativo le esté quitando facultades al fiscal general.
Los objetivos y finalidad de la Comisión Interventora del Ministerio Público son «implementar de forma dinámica los procesos y políticas» que permitan hacer eficiente la labor de la institución «para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos que son de su competencia», subraya uno de los artículos de la iniciativa.
El grupo de trabajo, que contará con apoyo internacional, ejecutará «una pronta y efectiva evaluación y depuración de todas las estructuras del Ministerio Publico, a través de la aplicación de pruebas de confianza de manera integral, a efecto de volverlo confiable», según la ordenanza que le dio el legislativo.
También definirá y ejecutará «un esquema legal de selección de personal calificado que permita el ingreso y ascensos de personal con la capacidad e idoneidad para el cargo».
La intervención del Ministerio Público fue aprobada después que la semana pasada comparecieron ante el legislativo los principales operadores de justicia, para responder sobre lo que han hecho para frenar la ola de criminalidad que sacude al país.
La conclusión sobre la comparecencia de los operadores de justicia es que todos han fallado y que por eso se ha incrementado la violencia, llegando al grado que en los últimos dos años se han venido registrando una veintena de muertos diarios.
Las primeras acciones después del informe de los operadores de justicia fueron la separación, a partir del 1 de mayo próximo, del ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, quien será sustituido por el actual canciller, Arturo Corrales, lo que fue anunciado el pasado lunes por el presidente hondureño, Porfirio Lobo.
También serán destituidos el director y subdirector de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
El fiscal general dijo la semana pasada en su informe ante el Parlamento que por múltiples limitaciones el Ministerio Público solamente puede investigar el 20 por ciento de las denuncias que recibe.
