Gloria Picón y Tania Sirias
La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) introdujo ayer en la primera secretaría de la Asamblea Nacional una iniciativa de Decreto de interpretación auténtica de los artículos 1 y 2 de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200) y sus reformas, y los artículos 3 y 7 de la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y sus reformas.
El diputado de la BDN, Carlos Langrand, explicó que lo que se quiere es que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre los alcances del acuerdo administrativo 005-2013 de Telcor que establece la obligación de los operadores de servicios de telecomunicaciones, de someter a su aprobación el nombramiento de altos cargos.
La BDN señala que se hace necesario aprobar una interpretación auténtica de los artículos 1 y 2 de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200) y sus reformas, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de la misma, su reglamento y toda la normativa legal y administrativa de telecomunicaciones y evitar discrecionalidad de Telcor.
Langrand señaló que el acuerdo de Telcor viola algunos preceptos constitucionales como la libre contratación y la libertad de empresa, lo cual es calificado por el parlamentario como una insensatez porque no es bueno para atraer inversión privada.
El parlamentario señaló que ellos como ente político no quieren que algo parecido se repita con otro tipo de empresas, por lo cual están pidiendo que la Asamblea se pronuncie realizando una interpretación de las leyes.
“GATO ENCERRADO” EN LA PRESIÓN DEL GOBIERNO
“Hay gato encerrado y a como ocurre en Nicaragua, en cualquier momento va a maullar”. Esa fue la expresión que dio el economista y diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, sobre el polémico acuerdo de Telcor.
Dijo que lo que podría estar detrás de una movida del Gobierno, es que “esté presionando para tener acciones en una empresa o bien forcejeando con un grupo económico fuerte”. Sáenz recordó lo que pasó con los tanques de almacenamiento de la Esso y dicha compañía terminó vendiendo y ellos (los orteguistas) compraron.
Expresó que la Refinería era una empresa estratégica, pues ahí se refina todo el petróleo del país. “Entonces mañana podría salir el INE arrogándose la medida de asignar los gerentes, pasado mañana será otra empresa en la que este grupo orteguista tenga interés”, expresó Sáenz.
“Telcor no es un operador de justicia; me parece una excusa como muchas que se dan en los últimos años, que con el pretexto de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico se están cometiendo abusos”, dijo Orozco.
Vladimir Vásquez
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Recordó que también el Gobierno presionó a la empresa española Gas Natural, con el cumplimiento de sus obligaciones, pero en la práctica quería tomar parte del control de la empresa. “Es un secreto a voces que en la empresa distribuidora de energía hay capital orteguista”, afirmó Sáenz.
Por su parte, el exdiputado liberal José Pallais dijo que este acuerdo de Telcor es una intromisión a la libertad de empresa, la cual está garantizada por la Constitución Política.
“En este caso corresponde un amparo y políticamente es una mala imagen que está dando el Gobierno, pues está quedando como un Estado controlador en asuntos de la empresa privada, por lo cual disminuye el clima de promover inversiones”, dijo Pallais.
ORTEGUISTAS DEFIENDEN ACUERDO DE TELCOR
El asesor económico presidencial, Bayardo Arce Castaño, dijo que la empresa privada está en todo su derecho de manifestar su inconformidad ante la decisión administrativa de Telcor.
“Todo acto administrativo de un funcionario del Estado tiene como primer paso un recurso de revisión administrativa; si yo considero que un funcionario emitió una resolución ilegal, injusta, inadecuada, recurro ante él, y en caso de que los empresarios consideren que la resolución del Telcor no les satisface, ellos tienen la potestad de recurrir a la instancia superior, en este caso el jefe superior del director de Telcor (que) es el presidente de la República, es él quien tendría la última palabra”, explicó Arce.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez dijo que “por ley todos los nicaragüenses tenemos el derecho a recurrir ante cualquier acto que consideremos injusto o anómalo, pero no veo viable que una institución como el Cosep lo haga cuando ellos no son prestadores de servicio de telecomunicaciones, en todo caso serían las empresas que ofrecen este tipo de servicios”.
“ESTADO POLICÍACO”
El acuerdo de Telcor no solo viola la libertad de empresa, de contratación y derecho al trabajo de los nicaragüenses, sino que “se inscribe en el afán de construir un Estado policíaco en el que tenés que pedir permiso para todo”, aseguró el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié.
El acuerdo “abre la puerta para que una autoridad que no está facultada haga consideraciones y valore la idoneidad o no de quienes se desempeñan en empresas de telecomunicaciones o podrían llegar a desempeñarse en esas posiciones; eso constituye una invasión para la libertad de empresa”, expresó Ampié, quien apuntó que este acuerdo de Telcor es violatorio a los derechos humanos, y por tanto, debe ser anulado.
“Acuerdos como estos son injerencias que los nicaragüenses no deben aceptar; por esa vía vamos a llegar a un día en que la autoridad, el poder consolidado, hegemónico, nos pedirá un permiso para todo”, afirmó Ampié.
Señaló que en la Constitución Política se establece que el desarrollo de actividades económicas corresponde primordialmente a particulares y las injerencias o regulaciones de parte del Estado deben estar fundamentadas en casos cuando existe un interés nacional o un motivo social que justifique ese procedimiento. Y en este caso, dijo Ampié, no observan esa justificación.
AFECTARÍA DERECHO LABORAL
Para Ampié, la implementación de este acuerdo no solo significaría un retroceso en el país, sino que puede afectar el derecho al trabajo de aquellas personas que no gozan del favor del Gobierno y puede ser causa de nuevas formas de discriminación.
También permitiría, como ha ocurrido en los últimos tiempos, que para obtener un trabajo en el Estado, el interesado debe contar con un aval de los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) o enfrentar el veto en caso de una propuesta que incluya a un profesional que ha sido crítico al Gobierno y no es fiel simpatizante del oficialismo.
Ampié recordó que el Cosep está recurriendo ante la misma autoridad que dictó el acuerdo y lo confirma, pero queda el recurso de alegar la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo, sostuvo que deben tomarse en cuenta las condiciones por las que atraviesa el máximo tribunal, cuyas autoridades, en su mayoría, están con períodos vencidos.
(Colaboración de Elízabeth Romero y Humberto Galo).
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