Josué Bravo
Corresponsal / Costa Rica
Los diputados Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) y Patricia Pérez (Movimiento Libertario), integrantes de la Comisión Investigadora de la carretera fronteriza; solicitaron la destitución del excanciller y actual ministro de Ambiente, René Castro; del viceministro de Seguridad, Mauricio Borashi y la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, Vanessa Rosales.
Oviedo y Pérez señalan en su Informe de minoría a estos tres altos funcionarios como parte de los responsables por las decisiones que llevaron a la construcción apresurada de la ruta 1856, como se llama la cuestionada carretera fronteriza paralela al río San Juan, y a los posteriores errores que derivaron de ese proyecto, como el despilfarro de 36,500 millones de colones (unos 70 millones de colones) del erario público.
A Castro se le achaca su “debilidad e ingenuidad” en el conflicto con Nicaragua por el dragado del río San Juan y en la supuesta invasión a Costa Rica a finales de 2010, antecedentes que desembocaron en el decreto de emergencia y construcción de la ruta.
A Borashi se le cuestiona su labor de enlace, sin potestades legales, con el que la Presidencia ejerció influencia y tomó decisiones en varias instituciones del estado. A Rosales se le señala “por su participación directa en la supervisión del dinero de la Comisión Nacional de Emergencias utilizados en la construcción de la carretera.
El informe pide al Ministerio Público que inicie investigaciones contra Borashi y Rosales y que se le dé una “sanción moral” al vicepresidente, Luis Liberman por ser la figura de “mayor rango” que participó en la toma de decisiones.
Al exministro de Transportes, Francisco Jiménez, titular de la cartera durante la construcción de la carretera, solicitan inhabilitarlo de todo cargo público o de elección popular, “por un periodo de ocho años.”
Se pide la misma sanción para el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad, Carlos Acosta (6 años), de la exviceministra de Transportes, María Lorena López (5 años) y de los exfuncionarios del Consejo, Manuel Serrano y Miguel Ramírez (10 años). Serrano y Ramírez se encuentran en prisión preventiva.
El Informe exhorta, por un lado, a la Contraloría para que determine si se puede “quitar como oferente” del Estado a la firma consultora CACISA y, en segundo lugar, al Poder Ejecutivo para que no contrate a esta firma mientras se le investiga o bien, para que “no sea contratada para realizar ningún trabajo para el Gobierno de la República durante los próximos 5 años”.
De igual manera se le solicita al ente contralor que investigue a las empresas contratadas para resolver si se les puede eliminar como oferentes del Estado. Estas empresas “se valieron de la presunta situación de emergencia y realizaron trabajos de baja calidad, no cumplieron normativas técnicas elementales y sacaron provecho conscientemente del comportamiento permisivo y pasivo de los funcionarios públicos.”, cita el documento.
“La inclusión y gestión injustificada de la construcción de la trocha fronteriza como parte del plan de acción para atender la emergencia declarada mediante Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP, sólo encuentra explicación, se repite, en la búsqueda de una disminución de los requerimientos y controles habituales que, para este tipo de contrataciones, requiere normalmente nuestro ordenamiento jurídico, facilitando la comisión de actos de corrupción.”, finalizó la diputada Patricia Pérez.
“Queremos dejar claro que estamos convencidos de la necesidad y de los beneficios de la Ruta Nº 1856, que exigimos que se termine y se cumpla con las normas técnicas del caso; pero que denunciamos y expresamos nuestra indignación ante el desperdicio de los recursos de los y las costarricenses y la acción complaciente y permisiva del Gobierno de la República”, concluyó el diputado Oviedo Guzmán.