Elízabeth Romero y Alejandro Flores Valle
A Ocón Olivas la Fiscalía lo señala de haber comprado al imputado Faustino Toruño Orozco los 32 fusiles en 20 mil dólares. Y a Centeno de ocultar los fusiles y cambiarles el número de serie.
Ayer los abogados defensores alegaron inocencia de los acusados y dijeron que estos estaban detenidos de manera ilegal. Los abogados de ambos pidieron que sean valorados en el Instituto de Medicina Legal.
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Aunque la Policía Nacional intenta hacer creer que no existe ningún trasfondo detrás del robo de las armas de fuego de su propiedad, fuentes policiales consideran que aún quedan muchas dudas por despejar en el caso.
Existen informaciones extraoficiales que indican que el hecho no es más que la punta del iceberg de irregularidades internas dentro de la Policía Nacional, que la institución intenta minimizar.
El vocero de la Policía, comisionado mayor Fernando Borge, explicó que además de los sospechosos detenidos y la persona que está prófuga “ no hay nada más”.
La reacción de Borge es en relación con versiones extraoficiales de diferentes fuentes policiales que indican que entre las armas robadas además de los 35 fusiles AK y un AR 15, está un lote de armas cortas que no fueron mencionadas por las autoridades.
“Ya ese era un encargo, un compromiso, no tenían interés en armas cortas”, sostuvo Borge.
Sin embargo, fuentes policiales indican que el trabajador del taller señalado como el organizador del robo, Marcos Garzón Rocha, no pudo haber realizado contactos en tan rápido tiempo para vender la armas, sino que su actuación denota que él utilizó una estructura que ya estaba de antemano.
El general en retiro Hugo Torres, por su parte, considera “sumamente extraño”, que a estas alturas la Policía Nacional haya reparado armas en un taller privado “porque no posee un taller calificado para reparar su armamento”.
“El fusil AK es un fusil básico de las fuerzas tanto militares como policiales”, dijo Torres tras indicar: “La lógica me dice a mí que (la Policía) debiera buscar el apoyo del Ejército para reparar en los talleres del Ejército este tipo de armas y no en un taller civil, donde no tiene el estricto control ni seguridad”.
El general Torres además señaló que por mucho parentesco que hubiese entre el dueño del taller y un jefe policial, la institución no debió reparar las armas en un taller privado “porque no se trata de vehículos”.
“No tiene nada que ver el parentesco, más bien enreda las cosas, se presta a malas interpretaciones”, apuntó el general Torres.
