Hjalmar Ruiz Tückler
Consultor
Las entidades y organizaciones regulatorias deben ejercer sus funciones administrativas en el marco del derecho y bajo un orden jurídico, sometido al principio de legalidad, el cual consiste en que ningún órgano del Estado puede tomar una decisión individual que no sea conforme a un disposición general anteriormente dictada.
La legalidad significa conformidad con el Derecho y es sinónimo de regularidad jurídica. El Principio de la legalidad administrativa (Art. 130.1 Cn.) y por supuesto el de la interdicción de la arbitrariedad de la administración (Art. 183 Cn.) están contenidos en nuestra Constitución Política y son parte de los principios básicos que rigen nuestro derecho administrativo y resultan fundamentales para promocionar la inversión y el clima de negocios en el sector telecomunicaciones.
Los entes reguladores deben aplicar la normativa reglamentaria de manera objetiva e imparcial. La confianza del mercado en la imparcialidad de las decisiones reglamentarias aumenta por lo general con el grado de independencia de los reguladores, tanto con respecto a los operadores como a los gobiernos. Esta confianza en el mercado fomenta en medida creciente la inversión nacional y extranjera, tanto de los operadores principales como de los nuevos competidores en el sector.
La regulación cobra importancia vital, en tanto es la acción de determinar las reglas o normas a que se debe ajustar un determinado agente de mercado o mercado, para provocar la corrección de alguna falla o situación indeseada en función del bienestar público.
El mercado de las telecomunicaciones está en constante desarrollo y evolución en todo el mundo y lo hace esencialmente en la misma forma en la mayoría de los países. No debe, por tanto, sorprendernos que los principios de una reglamentación eficaz sean convergentes en casi todos los mercados, y que los mercados requieran una modernización de la regulación en función de los nuevos esquemas de negocios que posibiliten el adelanto tecnológico y muy particularmente la convergencia de redes y de servicios.
Indudablemente, la puesta en práctica de nuevos principios regulatorios varía considerablemente según la estructura y el grado de evolución del mercado de telecomunicaciones de que se trate, los recursos del país, su marco jurídico y la capacidad reguladora de sus instituciones. Con el paso de los años, hay cada vez más organismos reguladores que se han dado cuenta de la necesidad de modernizar y apegar la regulación al Estado de derecho, en tanto se logra promover el continuo desarrollo y lograr resultados positivos y sostenibles en el sector.
En resumen la regulación moderna debe ser adaptativa y dinámica, y cualquier medida regulatoria deberá tener una dimensión prospectiva (no regular para el corto plazo), estar basada en la legalidad, en el análisis de la relación costo-beneficio de su aplicación y desde luego tener un enfoque más global, buscando una armonización internacional de los marcos de regulación y su adaptación a las peculiaridades nacionales de cada país.
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