MÉXICO/AFP
Red TDT, una asociación que reúne a más de 70 ONG de defensa de derechos humanos en México, lanzó este miércoles un sitio de internet con testimonios de defensores que sufren violaciones a sus garantías y denunció que el gobierno permanezca insensible ante esta situación.
El portal web www.defendamoslaesperanza.org.mx busca que se «conozca y reconozca» el trabajo de los defensores de derechos humanos en México, que en muchas ocasiones son «amenazados y agredidos físicamente», incluso por «las mismas autoridades», dijo Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red TDT, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México.
«La difamación, descalificación y la falta de conocimiento de la labor de quienes defienden los derechos humanos son factores que propician» las agresiones contra ellos, asegura la Red TDT, que recuenta 180 casos entre 2011 y 2012. El nuevo sitio de internet denuncia, por ejemplo, el caso del ejido «La Sierrita», en Durango (norte), donde la ONG Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales defiende a los pobladores de abusos de la minera canadiense Excellon.
Según la ONG, la empresa canadiense compró tierras a precios demasiado bajos para explotar yacimientos de plata con químicos tóxicos, pese a la escasez de agua y con el apoyo de las autoridades locales. La propuesta del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien asumió en diciembre de 2012, «va exactamente en el mismo sentido» en la que iba la de sus antecesores, «que es fomentar la inversión y megaproyectos a costa de los derechos de las personas y colectivos, afectando comunidades enteras», opinó Raczynska.
Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes indocumentados «Hermanos en el Camino», que recibió de manos de Peña Nieto el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, criticó a las «autoridades servidoras del capital financiero, a ultranza de las grandes reivindicaciones sociales y laborales» y llamó a «romper los esquemas».
Sin embargo, actualmente se «criminaliza la protesta» en México, una de las formas de ejercer la defensa de los derechos humanos, denunció José Rosario Marroquín, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, quien aseguró además que existe un discurso según el cual el trabajo de los defensores de derechos es «inútil».
Las organizaciones presentes en el evento recordaron que hace un año el Congreso aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas que, entre otras cosas, obliga al gobierno federal a implementar medidas para prevenir ataques. Sin embargo, esta ley es sólo «simulación», opinó Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien asegura que las instituciones encargadas de hacer valer esa legislación no cuentan con el presupuesto necesario
