Lucydalia Baca Castellón
Promover la adopción de nuevos modelos de producción, que permitan elevar la productividad y transformar la economía agropecuaria del país, deben ser los principales objetivos de la Política de Tecnología e Innovación Agraria, que representantes del Gobierno y organizaciones vinculadas al agro han comenzado a discutir.
En los últimos cincuenta años la temperatura promedio se ha incrementado en 1.4 grados, con enormes diferencias en las distintas regiones. En Ocotal el incremento alcanzó los 2.7 grados, por lo que el cultivo del café arábigo, que ha sido el principal producto de exportación, estará cada día bajo más presión.
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Dicha política demandará cambios en el sistema educativo y el establecimiento de alianzas entre las universidades, los centros de investigación y el sector productivo. Además, debe priorizar a los medianos y pequeños productores que producen el 80 por ciento de la comida que consume el país y el 60 por ciento de los productos agrícolas que se exportan, dijo la vicetitular del Ministerio Agropecuario y Forestal, Amanda Lorío.
Estos cambios permitirán, según Lorío, rescatar la capacidad innovadora y tecnológica del país. Sin embargo, se desconoce cuándo habrá consenso en torno a dicha política. “Este es un primer paso y con este se va a generar todo un proceso de discusión más amplio”, aseguró durante el foro sobre Política de Tecnología e Innovación Agraria.
POLÍTICA NACIONAL
La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal (Funica) y la Asociación Pueblos en Acción Comunitaria promueven el establecimiento de una política nacional de innovación y tecnología, porque consideran que “es la única solución que permitirá dar ese salto cualitativo” que le permitirá al país ser competitivo, dijo la gerente de APEN, Azucena Castillo.
Entre las limitaciones económicas del país, se deben asignar recursos para estos cambios. “El presupuesto solo adjudica el 0.03 por ciento para la innovación; creemos que se debe estandarizar con otros países latinoamericanos en los que anda entre el 0.8 y el uno por ciento”, dijo María Briones, gerente de Funica.
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