Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
El gobierno de Costa Rica deberá desembolsar más de 80 millones de dólares (al tipo de cambio actual) para reparar la fallida carretera fronteriza construida a orillas del río San Juan, según cálculos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt).
El jerarca de esta cartera, Pedro Castro, anunció que reconstruir cada kilómetro de carretera cuesta 260 millones de colones (más de 500 mil dólares)para un total de 41,600 millones de colones (unos 82 millones de dólares), ya que la vía tiene 160 kilómetros de extensión.
Este dinero es adicional a los más de 20 mil millones de colones (más de 40 millones de dólares) que el gobierno de Laura Chinchilla invirtió en su primera etapa de la obra, la cual ha sido cuestionada por aparentes actos de corrupción, falta de diseño y planificación para abrirla.
A cada kilómetro de carretera, destruida en gran parte durante el invierno pasado, se le deberán hacer cunetas, drenajes, rampas y puentes donde sea necesario.
A partir del lunes próximo, el Mopt licitará el diseño de un primer tramo de 30 kilómetros comprendido entre Los Chiles y Boca de Pocosol en San Carlos. Según Castro, hay cuatro empresas interesadas en la licitación.
El gobierno costarricense alegó razones de seguridad para construir esta carretera, en medio de un conflicto con Nicaragua iniciado a finales de 2010 por la disputa de un humedal ubicado en la desembocadura del río San Juan.
El proyecto se ha desvanecido por las denuncias de actos de corrupción y la fiscalía tiene acusación contra ex funcionarios públicos y empresarios que trabajaron en ella.
Precisamente, sobre el conflicto de Harbour Head, el humedal que los dos países reclaman como propio; el canciller tico Enrique Castillo denunció la presencia reciente de 7 jóvenes ambientalistas nicaragüenses que estaban en el sitio de litigio.
La Corte Internacional de Justicia ordenó a los dos países hace dos años, despejar la zona de litigio mientras avanza la demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua por supuesta invasión de territorio; pero los ticos se quejan de la constante llegada de jóvenes ambientalistas nicaragüenses en el lugar.
Castillo se quejó nuevamente del supuesto incumplimiento de Nicaragua a esta medida cautelar dictada por la Corte, al enviar continuamente a jóvenes sandinistas del movimiento Guardabarranco, a realizar labores ambientales en el humedal.
La considera como acto de rebeldía que deteriora las relaciones de los dos países y a cada ingreso nicaragüense al humedal, Costa Rica lo reporta a la Corte Internacional, según el canciller.
