Lucydalia Baca Castellón
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), admite que es necesario actualizar la Ley aprobada en el 2009, para adecuarla a los precios actuales de construcción.
Sin embargo, admite que pese a ser temas que se discuten cada semana en la comisión de seguimiento, se desconoce en qué momento se aprobará.
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Pese a que la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur) ha advertido que de no reformarse la Ley Especial para el Fomento de la Construcción de la Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social, Ley 677, la venta de casas nuevas de este tipo podría frenarse, el tema no es la principal prioridad en la agenda de discusión de la comisión de seguimiento entre el Gobierno y la empresa privada.
Desde el año pasado Cadur ha pedido una reforma a esta Ley, entre otros aspectos, para elevar el precio de estas casas de 20,000 a 30,000 dólares.
Eso permitiría, según los cálculos de los constructores, volver a construir viviendas sociales de 60 metros cuadrados dentro de la categoría de vivienda social. Actualmente, por el incremento en el precio de los materiales de construcción, el tamaño de estas se ha reducido hasta los 38 metros cuadrados y se han simplificado al máximo los accesorios.
Aunque la petición de reformar la Ley ya está en la mesa de discusión de la comisión de seguimiento entre el Gobierno y la empresa privada, las prioridades son otras.
Según el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, el problema de la vivienda en el país va más allá de la vivienda social.
Es por ello que “en este momento el principal objetivo es garantizar el financiamiento” para la compra de las 40,000 casas (de todo tipo) que Cadur tienen previsto construir en los próximos cinco años.
“Porque de nada servirá que se construyan las casas si no hay crédito hipotecario para venderlas”, razonó Aguerri.
La segunda prioridad referida al problema del déficit de viviendas es resolver los problemas que enfrentan las urbanizadoras con las distintas entidades gubernamentales y municipales. “Estamos buscando que se agilicen todos los procesos, sean proyectos de viviendas de interés social o no”, dijo Aguerri.
La tercera prioridad sería encontrar un mecanismo que agilice el subsidio que establece la Ley 677 a los créditos de la vivienda de interés social, especialmente entre los empleados públicos. El Presupuesto General de la República de este año incluyó 5,000 subsidios.
Sin embargo, Cadur también ha advertido que la reducción del tamaño de la vivienda social y la simplificación de su diseño, cada vez la vuelve menos atractiva para los compradores.
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